miércoles, 15 de octubre de 2014

El envejecimiento: ¿una amenaza para América Latina?

Estimados Lectores,
Después de una pausa volvemos, y espero poder mantener el ritmo de uno o dos posts al mes.
Esta vez les proponemos leer un berev artículo mío publicado en el blos Condistintosacentos sobre el problema del envejecimiento en América Latina y Cuba.




"A pesar de dinámicos cambios económicos, sociales y culturales, América Latina y el Caribe (ALC), son percibidos aún por muchos como una región con sociedad joven. Sin embargo, las transformaciones demográficas que están teniendo lugar en las últimas tres décadas crean nuevos escenarios entre los cuales es necesario mencionar el envejecimiento.
Son varios los elementos que llevan hacia el envejecimiento, entre los principales: la baja fecundidad y la prolongación de la esperanza de la vida al nacer. En efecto, en un área delimitada nos encontramos con sociedades donde la estructura de edades y sexo crea grandes disparidades en el mercado laboral. Provocando al mismo tiempo el desplazamiento de personas económicamente activas hacia núcleos con déficit de mano de obra" leer más en:
http://www.condistintosacentos.com/el-envejecimiento-una-amenaza-para-america-latina/#comment-3225

sábado, 12 de julio de 2014

Relaciones Cuba - Rusia, en el contexto de la gira por Latinoamerica de Putin

Por. Katarzyna.Dembicz

Todos estamos de acuerdo que la gira por América Latina del presidente ruso Vladimir Putin es histórica. Mucho más ahora cuando la Unión Europea se ve involucrada en las conversaciones con EE. UU. sobre el tratado de libre comercio y mira con cierta ansiedad hacia Ucrania y Medio Oriente.
Putin, hace su visita cuando Rusia acaba de anular en un 90 % la enorme deuda que tuvo Cuba con este país como heredera de la Unión Soviética y se acaba de anunciar el 


inicio de la construcción del canal interoceánico en Nicaragua, que junto al desarrollo del puerto y área económica de Mariel será una ventana más de cruce de mercancías entre el Oriente y Occidente, donde evidentemente se verán amenazados los intereses mercantiles y geoestratégicos de los Estados Unidos.
Las relaciones ruso-cubanas a pesar de que sufrieron una gran caída en los años noventa, desde hace una década se están recuperando, gracias a un conjunto de elementos: de un lado el actuar del Estado cubano por diversificar su economía y atraer inversiones (tratando de circunvalar el embargo estadounidense),  y de recuperar su posición internacional, por el otro la expansión económica y política rusa. Estos elementos están fortalecidos por el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Rep. Sudafricana), del cual casi todos los países están invirtiendo en este Estado insular.                                                                                               
Hoy día la cooperación ruso-cubana no tiene una base simplemente ideológica, el pragmatismo de ambos lados seguramente la seguirá fortaleciendo y empresas tan importantes como las inversiones rusas en el desarrollo de la infraestructura portuaria de Mariel, desarrollo del aeropuerto de San Antonio de los Baños, abastecimiento en equipo militar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), desarrollo de la telecomunicación e industria minera, energética y automotriz harán mucho más difíciles, desgraciadamente, la futuras inversiones de la Unión Europea (UE), en esta área.

Lastimosamente, la UE, desaprovecha la experiencia "Know how", que acumularon durante décadas, en las relaciones Cuba y los países del antiguo bloque del este, que hoy son miembros de la Unión Europea, como el caso de República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Lituania, Letonia y Polonia. Incluyendo además, la República Federal de Alemania, la cual es la heredera de los vínculos comerciales, políticos y culturales de la antigua República Democrática Alemana (RDA). 
Esta poca visión estadista de quienes dirigen las relaciones exteriores desde los países europeos, los hace continuar por un camino que pareciera hace ya más de una década tiene marcado un fin sin salida. La realidad del siglo XXI, está marcada en que el mundo dejó de ser unipolar, y ya hace más de tres décadas que los bloques regionales y su planificación económica, relaciones politicas y comerciales dejaron de ser establecidas por ideologías comunes. Por lo tanto, la desaparición de una intensión geopolítica de negociación multilateral de fuertes versus débiles, fue desapareciendo, paralelamente, a la caída del unipolarismo,por el contrario en el resto del orbe, surgió una política de integración mundial en calidad de iguales, de intercambio de bienes y servicios, con un sentido de valoración y respeto por lo intercambiable. Es así, que se dibuja en el nuevo mapa geopolítico un gran bloque al que se le ha llamado la media Luna, integrada entre un norte oriental y el sur del mundo, poseedores de los recursos naturales que necesita toda la humanidad para su subsistencia.  



viernes, 20 de junio de 2014

LAS RECONFIGURACIONES ESPACIALES EN LA CUBA ACTUAL

(Este artículo forma parte de la última publicación realizada por el proyecto ¿Quo vadis Cuba? Implicaciones para Europa y Polonia ).


(Spatial reconfiguration in contemporary Cuba)
Luisa Iñiguez Rojas, Janet Rojas Martínez, Arnoldo Oliveros Blet

RESUMEN
La crisis económica que enfrentó Cuba como resultado del desplome del campo socialista a inicios de la década de los noventa del pasado siglo, produjo notables cambios en las dinámicas sociales y espaciales. A partir del año 2000, un conjunto de medidas se encaminaron a acelerar  la recuperación económica y transformar la gestión de las políticas sociales. En este marco, el presente trabajo desarrolla una caracterización de los principales procesos que  han motivado reconfiguraciones territoriales del país en las dos últimas décadas, tales como, la localización focalizada de nuevos o renovados actores económicos priorizados, la expresión territorial diferenciada de la desactivación de más de la mitad de las industrias azucareras, la reducción de la superficie cañera, así como la medida de entrega en usufructo de tierras estatales ociosas. Se explora la posible relación de estos procesos con la evolución de indicadores demográficos indirectos como la migración interna y externa, el crecimiento poblacional y el envejecimiento, entre otros. Por último se esbozan nuevas reconfiguraciones territoriales que pudieran resultar de la implementación de lineamientos de la política económica y social, aprobados a inicios de la presente década, en relación a las tensiones entre la racionalidad económica y equidad social, y a la necesidad de promover la solidaridad y complementariedad territorial en la gestión económica y social.
Palabras clave: Cuba, espacio, territorio, desigualdad.

ABSTRACT
The economic crisis faced by Cuba as a result of the collapse of socialist camp in the early nineties of last century, produced remarkable changes in the social and spatial dynamics. Since 2000, a set of policies has been deployed aimed at accelerating economic recovery and changing the management of social policies. In this context, this paper provides a characterization of the main processes that have led to the country's territorial reconfigurations in the last two decades; such as the focused location of new or renewed prioritized economic actors, the territorial expression of the differentiated deactivation of more than a half of the sugar industries, the reduction of the amount of land dedicated to sugarcane production, and the extent of the provision of underdeveloped public land in “usufruct”. This paper also explores the possible relationship of these processes with the evolution of indirect demographic indicators such as the internal and external migration, population growth and aging, among others. Finally it outlines new territorial reconfigurations that may result from the implementation of economic and social policies guidelines, approved at the beginning of this decade, in relation to the tensions between economic rationality and social equity, and the need to promote solidarity and territorial complementarities in economic and social management.
Keywords: Cuba, space, territory, inequality.

Introducción
La crisis económica enfrentada a inicios de la década de los noventa del pasado siglo en Cuba, provocó la paralización prácticamente absoluta de la producción y los servicios. Ante la brusca disminución de la capacidad del estado para mantener los niveles de bienestar alcanzados, las iniciativas de los individuos y familias para detener el deterioro de sus condiciones de vida, dio inicio a un proceso que estremeció los avances alcanzados en la homogeneidad social.

Las oportunidades de inserción de los nuevos o reanimados actores económicos priorizados, y las diferentes potencialidades de los espacios-familia[1] para incorporarse a ellos, o para definir nuevas fuentes de ingresos, ampliaron las desigualdades sociales y territoriales en el país[2].

Durante la primera década del presente siglo fueron apreciables los síntomas de la recuperación, aunque la situación económica se mantuvo tensa. Junto a los nuevos esfuerzos por lograr la salida de la crisis, se produjeron cambios en la estructura productiva y en la gestión de las políticas sociales, con el surgimiento de procesos que impusieron la reorganización de las dinámicas territoriales al interior del país. Así, en esta década se definía un nuevo marco de incremento de la heterogeneidad inter e intra territorial. La segunda década se inicia con intensos cambios en las proyecciones de la política económica y social, algunas en marcha.

En este contexto, el presente trabajo se encamina a caracterizar trasformaciones recientes en las estructuras espaciales de Cuba, y su articulación con los procesos de ampliación de desigualdades. Tomando como antecedente la crisis de los años noventa del pasado siglo, argumenta los principales cambios ocurridos en la década del 2000, y esboza algunos de los  procesos más recientes en la reorganización y las dinámicas socio espaciales del país, y sus posibles repercusiones en la ampliación de los desequilibrios territoriales.

La reorganización espacial en los años noventa del pasado siglo. Las desigualdades en foco.
A inicios de la década del noventa, Cuba se enfrenta una aguda crisis económica, como resultado del desplome del campo socialista europeo. A pesar de los avances en materia de equidad de los procesos productivos y de consumo, logrados durante más de 30 años y, donde la planificación física había jugado un papel esencial, con la apreciable reducción de los desequilibrios territoriales, las "rugosidades" (Santos, 1990, p. 161) espaciales persistían.

Todas las capitales provinciales y muchas de las ciudades intermedias (de más de 20 000 habitantes), se habían convertido en centros económicos, sociales y políticos de sus territorios; en el resto de las cabeceras municipales, ni se había consolidado una base económica propia, ni parecía posible que se lograse a mediano plazo, por lo que la fuerza de trabajo debería mantenerse en empleos fuera del territorio y en lo fundamental agrícolas. En pueblos y comunidades que integraban la llamada “franja de base” del sistema de asentamientos poblacionales, cuyas funciones económicas eran agropecuarias o agroindustriales, se notaba un relativo retraso en el desarrollo (Franco, 1991). 

De forma menos explícita, algunos componentes de los flujos espaciales también se reproducían, en especial los asociados a la dimensión conductual de las condiciones de vida, como las características culturales de grupos sociales de diferentes espacios geográficos[3].

La agudización de la crisis económica, y el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica, provocó el establecimiento de un programa de emergencia económica denominado “Periodo Especial”, con el objetivo central de amortiguar al máximo los “efectos de la crisis sobre la población y reorientar el funcionamiento económico de la nación, acorde con las nuevas condiciones” (Ferriol, 1998, p. 364). Por lo tanto, fue definido como uno de los objetivos centrales de este periodo, preservar el principio de equidad social, manteniendo en lo posible los ingresos de los trabajadores, los servicios de salud y educación, así como la distribución de bienes de consumo normados. A mediados de la década del noventa, comenzó la aplicación de una serie de medidas tales como el incremento del trabajo por cuenta propia, la creación de mercados agropecuarios, industriales y artesanales, el fomento del sector mixto y las inversiones extranjeras, que ampliaban y diversificaban las formas de inserción en los procesos de producción-distribución y consumo. Tanto estas medidas, como otras encaminadas al saneamiento de las finanzas internas, produjeron impactos negativos sobre la situación económica de muchas familias, que “también de forma diferenciada, disminuyeron su nivel de vida” (Pérez, 1998, p. 147).

Aunque los cambios se establecieron de forma más o menos sincrónica para todos los grupos y espacios poblacionales, los efectos se difundieron o intensificaron de forma diferenciada. La capacidad de respuesta  dependió inicialmente  de la situación de partida, la violencia de los cambios y las posibilidades de “amortiguamiento” de los impactos negativos. La asignación de  funciones de interés nacional fomentadas por el sector estatal era guiada por la verticalidad, y por la “productividad espacial”[4], y beneficiaron a determinados lugares seleccionados para cumplir funciones de prioridad nacional, mientras, algunos espacios-familias, lograban por vías productivas o no, recuperar sus niveles de consumo y detener el deterioro de las dimensiones de condiciones de vida.

En el avance de la implementación de las medidas de ajuste, el sector turístico se erigió como actor económico emergente más importante, seguido del minero-metalúrgico, el energético, y el agroindustrial no cañero. Todos ellos, sustentados en la localización de condiciones y recursos naturales, y de infraestructuras más favorables preexistentes o creadas para esos desempeños.
Mientras estos sectores permitían al estado, dentro de ciertos límites, mantener políticas sociales universales, las posibilidades de irradiación de sus ventajas hacia territorios y población próximos fueron muy limitadas. La creación o incentivo de formas de propiedad no tradicionales como las empresas mixtas, tuvieron una localización concentrada en la ciudad de La Habana.

Por otra parte, emergían también nuevos actores económicos no estatales —legales, ilegales o alegales[5]—, regulados tanto por factores objetivos que incluían hasta las posibilidades productivas de los espacios geográficos, los patrones de distribución de la población (urbano, rural concentrado o disperso), como factores subjetivos, asociados a la voluntad o la capacidad de pensar y ejecutar acciones para mejorar la dimensión económica de las condiciones de vida. Estaban creadas las condiciones para la ampliación de las desigualdades sociales y acechaban las inequidades.

Aunque no puede desconsiderarse la influencia de otros múltiples componentes en la decisión de migrar, donde incluso participan factores subjetivos, de los cuales no se cuenta con informaciones recientes, se considera que las categorías de migración interna orientan de manera indirecta las respuestas de la población a los impactos negativos en sus territorios de residencia, o a la atracción que ejercen otros considerados más dinámicos o donde se esperan mejoras en dimensiones de las condiciones de vida.

 inicios de la década del noventa, fue registrado el incremento de municipios en equilibrio migratorio y de municipios emisores, comparados con el trienio anterior. A  partir de la segunda mitad de los años noventa, coherente con la aplicación de las medidas de ajuste económico, se observó el incremento de municipios receptores donde se localizaban los más importantes polos turísticos o inversiones en la exploración y explotación de recursos energéticos, o mineros metalúrgicos o favorecidos por exitosos planes priorizados de desarrollo agroindustrial citrícola, así como el incremento de municipios emisores y la reducción de los receptores en las provincias centrales y orientales (Boquet, 1998 y Montes, Lantigua y San Marful, 2001).

Por otra parte, los elevados volúmenes de inmigrantes a la capital del país, promovieron que en 1997, se aprobara un Decreto-Ley 217, que contemplaba la regulación del movimiento poblacional hacia cuatro municipios centrales de la provincia Ciudad de La Habana (en la actualidad Provincia La Habana), con más elevadas densidades de población. Fue lograda la reducción inmediata de las tasas de saldo migratorio interno en ellos, mientras se incrementaban los municipios altos receptores de población en la parte occidental y suroccidental de la provincia vecina (Montes, Lantigua y San Marful, 2001) (San Marful y Morejón, 2009).

En la zona rural la afectación a los sectores productivos y de servicios fue muy intensa, en especial asociada a restricciones de la movilidad por carencia de transportación, no obstante, en los primeros años de la crisis se produce una disminución en la pérdida de población rural, e incluso, ganancias de efectivos en estas zonas, con bajos valores que sugieren el interés por lograr en el medio rural una mejorara en las condiciones económicas y de alimentación.

Las reconfiguraciones espaciales en la década del 2000

A pesar de los efectos favorables de la recuperación económica y de la permanente preocupación del Gobierno, por elevar las condiciones y el nivel de vida de la población, y la mantenida proximidad de algunos indicadores territoriales de educación y salud, de forma inevitable en la década del 2000, era apreciable el deterioro en las infraestructuras de servicios sociales, la descapitalización de las industrias, y un creciente nivel de desigualdad asociada a la crisis. Adaptando los análisis de Santos y Arroyo (1997), acerca del desarrollo y la estratificación de territorios, se puede considerar que por efecto de los nuevos procesos productivos y sociales se habían definido en el país espacios o zonas luminosas y espacios o zonas opacas, “otra geografía de las desigualdades” (Santos y Arroyo  1997, p.54).

El análisis de situación, dio lugar a la organización de programas de recuperación de sectores sociales llamados “Programas de la Revolución”, que superaron los 100, caracterizados por Ferriol, Castiñeiras y Therborn, como: “una revolución social dentro del desarrollo social alcanzado” (2005, p.164). Los Programas de la Revolución fueron inscritos en un movimiento denominado “Batalla de Ideas”[6], en el cual se definieron como ejes centrales los trabajadores sociales, comenzando la formación emergente de estos actores. En este marco, se consideró necesario introducir políticas focalizadas a grupos sociales vulnerables, que no habían logrado amortiguar los efectos del programa de reforma económica, y en paralelo mantener políticas sociales universales, en lo esencial en la educación y la salud, aunque con fuertes restricciones operacionales.

Los territorios emergentes priorizados continuaron su desarrollo y en el caso del turismo fueron ampliados hacia otros espacios de grupos insulares del archipiélago. Algunos procesos que habían comenzado a actuar sobre la reformulación de fijos y flujos espaciales se intensificaron y entre ellos se destaco el incremento de las remesas y la vinculación formal o informal, legal o ilegal a actividades productivas y de servicios. Las carencias de información para la aprehensión de la geografía de estos procesos continúan hasta la actualidad, dibujada solo en algunos estudios de caso.  

El continuado deterioro de las actividades del sector agropecuario, con carencias de insumos, problemas organizativos de producción y comercialización, factores climáticos, y otros, mantenía reducciones en el aprovechamiento de las tierras agrícolas, con la consecuente disminución de la producción agropecuaria. Los esfuerzos por superar estas limitantes incluyeron desde la aprobación de nuevas formas cooperativas como las UBPC[7], hasta el establecimiento de Programas como el Alimentario, y de la Agricultura Urbana y suburbana.

La agroindustria azucarera que históricamente fuese líder de la producción y exportación, comenzó una reestructuración a inicios de mayo del 2002, con el objetivo de redimensionar el sector. Con toda probabilidad, fue este el proceso más significativo en los cambios en la estructura espacial productiva de Cuba durante la década del 2000. Por un lado el patrimonio azucarero industrial fue reducido de 156 a 61 industrias[8], quedando menos del 40% del existente y de 97 municipios con centrales azucareros, 45 perdieron la totalidad de las fábricas que se localizaban en su territorio (IPF, 2003). Las desactivaciones de industrias tuvieron una amplia distribución geográfica, más intensa en el occidente y centro occidente del país


La pérdida de la principal base económica de un municipio, o de un asentamiento azucarero (batey), ocurrió cuando existían limitadas condiciones para que estos “territorios de la economía nacional” reorientaran de forma rápida sus funciones productivas, aún cuando pasaran a ser “territorios de la economía local”. Se pusieron en práctica diferentes proyectos, ampliamente documentados, que procuraron mitigar el intenso deterioro en las dinámicas económicas y sociales en estos espacios.

Algunos estudios habían pronosticado que los impactos negativos en los municipios se diferenciarían según factores tales como: la producción azucarera como función económica predominante y principal fuente de empleo, la localización del central en la capital municipal o próximo a esta, la intensidad de la reducción del área cañera o del número de centrales; o la existencia de otros actores económicos localizados dentro del propio municipio en otras partes del territorio (IPF, 2003). No obstante, Oliveros (2010) llamó la atención acerca de que 1991 de los asentamientos implicados en el proceso eran rurales, donde residían 826 993 habitantes, que tenían menos alternativas para enfrentar el proceso de desarticulación económica, por lo cual los efectos negativos sobre las dinámicas sociales podían ser muy desfavorables.

Al margen de la discrepancia o aceptación con la decisión del estado de redimensionar la primera industria del país, o de la forma en que fue implantado el proceso. Hasta la actualidad se reconocen dificultades en la reconversión productiva de territorios ex azucareros, y en la reorganización de los espacios del cotidiano. Como apuntara Andrés Dembicz, cuando nadie habría considerado el posible declive de la Cuba azucarera: “…la base económica de los bateyes azucareros es la industria azucarera, cuya y fábrica independientemente del tamaño y volumen de producción, decide sobre la vida social y económica de estos poblados” (1976, p. 65). Transcurridos 10 años del inicio del proceso, en algunos asentamientos antes azucareros, en especial rurales, hasta la actualidad se registran limitaciones en la disponibilidad de servicios básicos, e insatisfacciones de la población asociada a la pérdida de la identidad azucarera construida durante muchas décadas (Vera, 2013) (Machado, 2013).

En el marco del redimensionamiento, en el período del 2003 al 2007, se produjo la reducción de la superficie cultivada de caña, más intensa en la parte centro occidental del país, que totalizó cerca de 500 000 ha. Aunque uno de los objetivos estratégicos del proceso fue la reconversión de áreas cañeras hacia nuevos usos, con vistas a lograr mayor diversificación e incrementar la producción de alimentos, varios especialistas alertaron sobre la posibilidad del incremento de las tierras ociosas (Nova, 2004; IPF, 2003).
Así, entre el 2003 y el 2007,  el país incrementó la superficie de tierras ociosas en  243 681 ha.; y de ellas, el 92% correspondió a municipios que disminuyeron la superficie cultivada de caña de azúcar (ONEI, 2007).

Los mayores índices de ociosidad se localizaron en las regiones occidental y oriental, coincidentes con territorios de mayores índices de desaprovechamiento agrícola, tierras de plantaciones de caña, vinculados a la actividad ganadera, cuando los índices más bajos los obtenían los tradicionales territorios de mayor productividad en las llanuras meridionales de la región occidental, y municipios montañosos del oriente del país (Iñiguez, 2010). En septiembre del 2008 entraron en vigor el Decreto-Ley 259 “Sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo” y el Decreto 282 “Reglamento para la Implementación de la entrega de tierras ociosas en usufructo”[9], a personas naturales y jurídicas. Aunque el objetivo esencial era el incremento de la producción agropecuaria y la reducción de la importación de alimentos, la reducción de las tierras ociosas con seguridad fue uno de los factores de tal decisión.

La entrega de tierras, trascurrió con fuertes diferencias territoriales dependientes de la productividad, del índice de ociosidad, y de la fluidez o las trabas organizativas del proceso que abarcó la totalidad de los municipios que tenían declaradas tierras ociosas (164 de los 169 existentes entonces). Para el año 2010, 106 municipios habían disminuido su superficie agrícola ociosa, y aquellos con más de la cuarta parte de sus tierras agrícolas ociosas pasaron de 72 en el 2007, a solo 10 municipios en el 2010, más de la mitad de las tierras habían sido entregadas y el 55% de ellas solicitadas para uso pecuario, dada la menor dificultad para convertirlas en productivas y en especial los ingresos superiores definidos para esta producción, concentrados en territorios tradicionalmente ganaderos, de provincias de la parte centro oriental y central del país.  Las cifras anteriores permiten valorar solo un aspecto de los cambios de la estructura espacial,  de lo cual no puede inferirse el incremento en la producción agropecuaria, o las mejoras en la dimensión económica de las condiciones de vida de la población vinculada a estas actividades productivas.

Un análisis de la evolución anual de la migración interna durante la década del 2000[10], identifica como receptores a solo un 20% del total de municipios del país, coincidentes con aquellos donde se concentraron las más fuertes inversiones en el sector turístico, la exploración y explotación de recursos minerales y energéticos, y en el sector agropecuario industrial. Otros municipios altos receptores de inmigrantes desde la década del noventa, localizados al norte y oeste de la antigua provincia de La Habana, se puede explicar que esta recepción, se da por la proximidad y facilidad de comunicación con la capital del país y a la regulación en la recepción de inmigrantes antes comentada. Una de las actividades a la que con mayor frecuencia se vincularon estos grupos de población fue a la venta y reventa de productos, principalmente alimenticios, en barrios de la ciudad de La Habana, incrementado el llamado “mercado negro”. Se organizaron así de forma espontánea, barrios y asentamientos con serias limitaciones en las condiciones de habitabilidad.

Así, la atracción o luminosidad de los territorios receptores de población, provino de dos fuentes: la que aportaron los enclaves de desarrollo fomentados desde mediados de la década del noventa o a inicios de la década del 2000 y la resultante de la percepción de la población de las oportunidades de residir en las cercanías de La Habana. En los últimos años, en municipios de la provincia donde se localiza la capital del país, se registran tasas de crecimiento negativas a expensas de la disminución de la migración interna, de tasas mantenidas de migración externa y de bajas tasas de fecundidad.  En otras capitales provinciales también se registra la disminución de las tasas de crecimiento por razones similares.

Los municipios emisores (80 % del total) han mantenido sus tasas negativas o incluso las han incrementado, con pocas excepciones, concentrados en la parte oriental y centro oriental del país y dispersos en todas las provincias, y sus crecimientos naturales son los responsables de que sean territorios proveedores de población emigrante. Los pocos receptores de población rural se asocian a condiciones ventajosas desde el punto de vista de las actividades económicas y asentamientos de mayor importancia. En todos los casos, se pueden mencionar regularidades espaciales y patrones de aglomeración que generan heterogeneidades al interior de las provincias, y quiebran las tradicionales zonas occidental, central y oriental, que son aún utilizadas en los análisis geográficos de la población.

A tono con las nuevas dinámicas rurales, se observa la concentración sectorial de las actividades secundarias y terciarias en el empleo de la población rural. En investigaciones realizadas por el Instituto de Planificación Física en 1991, se planteaba que era poco pertinente asociar el empleo agrícola con la población rural y las cifras del Censo de Población y Viviendas de Cuba para el año 2002, éstas nos dicen que la concentración de las actividades secundarias y terciarias en la población rural empleada alcanza, en ocasiones, valores cercanos al 80% en algunos territorios. No obstante, la regularidad es la presencia de valores más elevados vinculados a cabeceras provinciales y municipales, a la zona costera y a otros objetivos económicos. El fenómeno denota de manera indirecta la alta movilidad de la población rural, básicamente en busca de empleo.

La disminución de las tasas de crecimiento poblacional en los municipios del país, reforzada desde la década del noventa, se intensifica en la década del dos mil, para el 2006  pasa a ser negativa y se mantienen hasta la actualidad alrededor de cero. Desde el año 2004 no se garantiza el reemplazo poblacional. La tendencia al decrecimiento de la población rural, observada desde los años setenta experimentó una ruptura que  marcó el comienzo de un crecimiento positivo continuado de la población rural, aunque con valores muy bajos. Estos incrementos estuvieron condicionados a la pérdida de importancia del componente mecánico (migración) que había dominado hasta este momento los crecimientos totales, al tiempo que se imponía como elemento determinante el crecimiento natural (natalidad) de la población rural.

En la dinámica del sistema de asentamientos también se observaron cambios, la población de las zonas rurales mayores de 200 habitantes aumentó, al absorber a la de zonas rurales menores de 200 habitantes y dispersos, proceso contrario a lo observado en las zonas urbanas de menos categoría que decrecen. Esta regularidad evidencia un movimiento de dirección rural dispersa a rural concentrada. Además de los altos niveles de urbanización y de la concentración de la población rural, otros elementos provocan diferencias en los espacios rurales, como es el peso de la población rural dispersa que varía entre un 1% y un 67%.
Los municipios con mayores niveles de ruralidad en general tienen la condición de emisores de población, a excepción de algunos vinculados al desarrollo turístico, e industrial. Los receptores de población suelen coincidir con niveles más bajos de ruralidad y se encuentran en los núcleos tradicionales de mayor desarrollo de la actividad económica (Oliveros, 2010).

Un ejemplo de la importancia entre las dinámicas económicas y sociales de los asentamientos contenidos en un municipio, indicadores demográficos muestran que en aquellos donde se desactivaron la totalidad de los centrales azucareros, eminentemente “cañeros azucareros”, con restricciones para la reestructuración de la vida económica y la recuperación de las dinámicas sociales, se registraron crecimientos y tasas de saldos migratorios negativos, experimentando incluso perdidas de población absoluta, mientras en otros casos donde al interior del municipio se localizaban actores económicos renovados o estables, las tasas de crecimiento total y las de saldo migratorio interno, fueron positivos.

Por último uno de los principales procesos socio demográficos que ha experimentado la población cubana es la tendencia al envejecimiento con un ritmo muy elevado, desde 1990, por ejemplo en el año 2012 la población de 60 años es un 18.2 %.  Se plantean como determinantes, las bajas tasas de fecundidad, y el incremento de la esperanza de vida y aunque el fenómeno es de distribución nacional, algunos municipios del país presentan indicadores superiores al 20% desde hace varios años, por el contrario poco más de 10%, en especial en municipios montañosos de las provincias orientales.

Lo más sugerente de este fenómeno en la población rural radica en el predominio del sexo masculino en las edades superiores a los 65 años, contrario a lo que se observa a nivel nacional. En este comportamiento pudieran intervenir procesos como la migración femenina campo-ciudad asociada a mujeres de edad más avanzada. A ello pueden unirse los clásicos patrones de herencia y explotación de la tierra, que frecuentemente se asocian al sexo masculino y que en ocasiones provocan su permanencia en la zona rural, mientras que la mujer se emplea en sectores secundarios y terciarios asociados a asentamientos urbanos.

Cambios actuales en la política económica y social. Nuevas reconfiguraciones socio espaciales.

En los contextos de elevada heterogeneidad espacial de dimensiones de condiciones de vida, en especial de la dimensión económica, se plantea a inicios del 2010 un proceso de reorganización de la fuerza laboral en el país. Después de varios cambios en las normativas legales desde mediados de la década del noventa, se aprueba en este propio año un nuevo Reglamento del ejercicio del trabajo por cuenta propia, como medio de absorción de los trabajadores “disponibles”.
El número de autorizaciones de licencias para ejercer diferentes actividades se amplió llegando a 181, y disposiciones posteriores eliminaron restricciones vigentes, lo cual dio como resultado el súbito incremento de estos trabajadores no estatales. Ello ha representado un proceso, que aunque ha alcanzado a la totalidad de los municipios, se ha concentrado en lo esencial en espacios urbanos, y apenas un 10% del total de las licencias pueden considerarse opciones significativas en espacios rurales.

Uno de los aspectos más controvertidos es la potencial desigualdad de ingresos según ocupación en licencias que pudiéramos llamar “polares” entre los cuales se destaca de un lado el zapatero-remendón, limpiabotas, o cuidador de baños públicos, y de otro el  traductor de documentos, peluquero de animales domésticos, o masajista. No menos importante, es la orientación de las licencias al sector terciario, con el 80% de ellas relacionadas con servicios. Asociado a ello, solo el 16% de las licencias hacen uso intensivo del conocimiento, lo cual se considera una pérdida de parte de la inversión del Estado cubano en educación, a la vez que coloca en desventaja a aquellos con formación universitaria y de técnico medio (Fundora, 2012). Entre las licencias más demandadas se han mantenido desde que se potenciase el proceso en el 2010, la elaboración y venta de alimentos, los trabajadores contratados, seguidos de transportación y carga de pasajeros, los productores vendedores de artículos varios de uso en el hogar, el arrendamiento de viviendas y los mensajeros[11]. La capital del país continúa con la mayor adhesión al trabajo por cuenta propia y como es de esperar asentamientos rurales y urbanos menores tienen menos posibilidades de insertarse y de diversificar las opciones de vinculación laboral.

En abril del año 2011, fueron aprobados 313 lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución,

…con vistas a actualizar el modelo económico cubano, garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo, el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población, conjugado con la necesaria formación de valores éticos y políticos de nuestros ciudadanos (VI Congreso PCC, 2011, p.10).

La profusa mención al territorio y lo local en estos lineamientos, y su paulatina implementación, significan oportunidades para romper la inercia en la que han estado sumergidos muchos espacios geográficos durante las últimas dos décadas, pero los datos disponibles auguran posibles efectos territoriales desiguales.
Entre las múltiples alusiones a los territorios, se plantea la creación de “Zonas Especiales de Desarrollo” que pretenden la sustitución de importaciones y el incremento de las exportaciones, los proyectos de alta densidad tecnológica y el desarrollo local. Se contempla de forma explícita  el desarrollo portuario industrial del Mariel, localizado al este de la capital del país, el incremento de la producción y elevación de la calidad de productos de la industria del níquel, que se restringe al noreste de la provincia de Holguín; la conformación del Polo Industrial de la ciudad de Cienfuegos, con producciones de alto valor, en especial en la petroquímica; así como la rehabilitación y recuperación del parque industrial de la ciudad de Matanzas (Graf. 2). Estos macro vectores de desarrollo constituyeron Zonas de Nueva Asimilación Industrial en los años 70 del pasado siglo y durante la década del noventa la mayoría de ellos sufrió una notable descapitalización, al igual que otras de las zonas industriales más importante del país. A ellos se integran los principales enclaves del sector turístico, surgidos o potenciados durante la propia década del noventa y en los primeros años de la pasada década, los cuales han continuado su expansión hasta la actualidad

Otros lineamientos encaminados a la recuperación del sector agropecuario, proponen estimular actividades generadoras de productos primarios, dirigidos con prioridad al sector alimentario, tales como programas de desarrollo ganadero, cafetalero, citrícola, arrocero y otros, que podrían reducir de forma gradual las tierras aún improductivas. Con el objetivo explícito de apoyar la recuperación del sector, se ha propuesto desarrollar una política integral para estimular la migración hacia territorios rurales, procurando la estabilidad de la fuerza laboral y el asentamiento definitivo de las familias que migren. En este sentido, el incremento sostenido del envejecimiento, de municipios con elevados valores y la existencia de altos niveles de ruralidad, representa una tensión en la recuperación del sector agropecuario del país, dada la necesidad, más que antes, de la presencia y disponibilidad de recursos laborales aptos y suficientes para la actividad.

De otra parte, en la implementación de los lineamientos, resoluciones de los Ministerios de la Agricultura, del Turismo, Finanzas y Precios publicadas en la Gaceta Oficial 038, en noviembre del 2011, autorizan la venta a establecimientos hoteleros y del sector turístico, de determinados productos agrícolas procedentes de formas cooperativas y empresas estatales[12]. A los impactos positivos de esta apertura en la comercialización de la producción agrícola que se reconoce, continua confrontando numerosos problemas organizativos y a su contribución a la reducción de importaciones se integran las mejoras económicas de los productores, y la concreción de la irradiación territorial de las ventajas de los enclaves turísticos hasta ahora muy limitada. No obstante, es comprensible que la accesibilidad física y social de estas formas productivas a los centros turísticos, colocan en ventaja a territorios más próximos, o a formas cooperativas o empresariales con mayores activos, incluso de transporte propio, mientras para otros la opción es prácticamente inviable.

La transportación fue una de las carencias más agudas enfrentadas en la década del noventa, situación que continua hasta la actualidad, incluso en la capital del país. Las formas organizativas de transportación no estatal se han incrementado y en algunos espacios poblacionales representa la vía predominante de movilidad de la población entre asentamientos, fundamental en los rurales, donde incluso puede llegar a ser la única fuente de conectividad entre asentamientos, con el agravante de que los precios, acordados por oferta-demanda, exceden las posibilidades económicas de estas poblaciones. 

En la política para el transporte se ha proyectado el fomento de nuevas formas organizativas estatales y no estatales para la transportación de pasajeros y cargas, según territorios. En el año 2013, comenzó la creación con carácter experimental de cooperativas no agropecuarias, de las cuales varias son de transporte de pasajeros o de servicios auxiliares al transporte[13].

En esta etapa inicial se pretende formar unas 200 asociaciones productivas y de servicios en todo el país y el Sistema Tributario de estas asociaciones, contemplan beneficios en comparación con otras formas de vinculación y gestión no estatal. El Estado cubano considera que estas estructuras productivas asociativas, son de apoyo a la gestión de las empresas estatales socialistas, que continúan siendo “la columna vertebral del modelo económico cubano”, y se insiste en que no son resultado de un proceso de privatización sino de administración de la propiedad estatal. Al respecto se ha planteado que la medida apuesta a gestionar, de forma cooperativa, actividades que estatalmente no habían sido eficientes, además de permitir que el Estado pueda desprenderse de asuntos que no son trascendentales en el desarrollo de la economía (Puig y Martínez, 2013).

A pocos meses de la aplicación de esta medida, entre las dificultades que se han detectado está la poca diversificación por territorios y poca participación de algunas provincias centrales y orientales, todo lo cual ratifica la intensidad desigual de los impactos socio territoriales de estas nuevas opciones (Cubadebate, 2013). Aspectos más vinculados con el desarrollo local se contemplan en otros lineamientos tales como modificar el modelo de gestión de la industria local, con la evidente apertura de  mayores espacios para actividades no estatales.

Desde finales de la primera década del dos mil, diferentes situaciones impusieron nuevos ajustes  al gasto social del país,  en el marco de la crisis global, de los problemas internos, y del paso de eventos climatológicos extremos, por lo cual se frenó el crecimiento de los presupuestos de gastos corrientes destinados a los programas sociales del país. La mayor contracción se produjo en los gastos en asistencia social, que cae casi en la mitad[14].  Las partidas de los gastos en educación, salud, viviendas y servicios comunales, también experimentaron contracciones (ONEI, 2001). A inicios de la presente década comenzaron procesos de reorganización y concentración de servicios básicos como los de educación y salud, que a pesar de mantener los principios de acceso universal y gratuito, han producido impactos sociales en proceso de evaluación. Los procesos descritos incrementan las tensiones sobre la equidad social en el marco de la necesaria búsqueda de racionalidad económica. Algunas medidas focalizadas a familias y territorios permiten aliviar estas tensiones, como el caso del Decreto-Ley 289 que autoriza la entrega de créditos a la población para la realización de acciones constructivas y a la compra de productos y servicios, que también beneficia a trabajadores por cuenta propia, a campesinos y de forma reciente a cooperativas no agropecuarias. También han sido aprobadas la entrega de subsidios bancarios sin reembolso, en lo esencial dirigidos a la reparación y construcción de viviendas. A estas medidas relevantes de atención a las desigualdades de ingresos entre espacios-familias al interior del país, se integran los estímulos fiscales a proyectos de desarrollo local, y a producciones de sectores priorizados que pudieran mejorar la situación económica de territorios y familias.

El avance de los procesos de implementación de la política económica y social del país, comenzó a promover nuevas reformulaciones espaciales, de las cuales han de esperarse resultados favorables tanto en los procesos de distribución y comercialización de las producciones, como en la dimensión económica de las familias. En los impactos de estos rediseños de las dinámicas socio espaciales, se mantiene como interrogante, el curso que tomarán las desigualdades territoriales, y los desequilibrios regionales actuales.

Conclusiones

En la década del noventa, el contenido de los espacios y territorios condicionó las oportunidades de espacios familias de amortiguar los impactos negativos de la crisis, y las posibilidades de insertarse en los procesos que promovían las medidas de ajuste para la recuperación del país. La búsqueda de eficiencia en la localización de inversiones o las reanimaciones productivas, debilitaba la equidad de los procesos que habían actuado sobre los desequilibrios espaciales y regionales heredados y generados por los propios procesos de planificación física del país desde los años sesenta.

            La localización de nuevos o reanimados actores económicos estatales en el marco de la recuperación, continua condicionada a la diferente distribución geográfica de recursos naturales, y al contenido técnico infraestructural precedente o emergente de los lugares, a lo cual se integran otros múltiples procesos formales o informales de incorporación a la producción, al consumo, que tienden a una reestratificación social y espacial en el país. 

            Los cambios en las estructuras espaciales promovidos por actores económicos estatales emergentes, son más nítidos en los enclaves turísticos y sus espacios de influencia. El redimensionamiento de la agroindustria azucarera y la entrega de tierras en usufructo, representaron cambios significativos en la organización y la estructura del espacio cubano, aunque las informaciones que disponemos no permiten profundizar sobre sus rediseños. A pesar de ellos varios estudios apuntan a efectos negativos más notables en la población rural del país.

            El envejecimiento de la población cubana y específicamente de la población rural,  reflejan una tendencia poco favorable, para el desarrollo de actividades agro productivas en los territorios rurales.
            Los más recientes cambios acontecidos desde finales de la década del dos mil y en especial la actual implementación de los lineamientos de la política económica y social, contempla tanto el desarrollo de espacios de prioridad con asignaciones que renuevan o definen funciones de significación nacional, como el interés de promover el desarrollo local en todo el país. En los múltiples efectos positivos que estos lineamientos pudieran generar, estará en el foco su desigual expresión en determinados lugares de determinados municipios y de determinadas provincias. Por ello, agudizar la mira sobre el mapa y vigilar las respuestas que los territorios darán a estos procesos, identificar los espacios-territorios más deprimidos o rezagados (opacos) o los mas atractivos, avanzados (luminosos), deberá permitir que las acciones priorizadas por el Estado, promuevan en lo posible, el ejercicio de la solidaridad intraterritorial e interterritorial, como vía de compensación o minimización de los desequilibrios espaciales, de las distancias sociales y la promoción de la cohesión social.  La cual se convierte en un problema práctico y teórico, donde las reconfiguraciones espaciales no consoliden desigualdades espaciales y sociales injustas.

                                                                                                                              
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[1] Espacio-familia: Relación existente entre la organización espacial (sistema de objetos y acciones) y las condiciones de reproducción social medidas en la unidad básica de agregación de sus habitantes. (Iñiguez, Ravenet, 1999)
[2] Entendemos la desigualdad espacial o territorial, como diferencia que pueden ser medidas objetivamente, construidas históricamente o súbitamente en los procesos particulares de evolución de la sociedad.  Distinguimos entre ellas las inequidades, como aquellas desigualdades moralmente injustas, evitables.

[3] Utilizamos en este documento el concepto de espacio de Milton Santos como “conjunto indisociable de sistemas de objetos (fijos, o formas) y acciones (flujos, funciones), con una determinada estructura y en permanente interacción, siempre testimonio de una historia escrita por los procesos del pasado y del presente, y la acepción de territorio como un área de límites precisos, de poder y responsabilidad político-administrativa, sectorial, o de otras múltiples organizaciones de la sociedad (Santos, 19noventa,  pp. 130,138).
[4] Diferente capacidad de los lugares para ofrecer rentabilidad a las inversiones, dependiente de las potencialidades locales condicionadas por el soporte técnico-informacional (Santos, 1996, p. 197).
[5] Actividades que se consienten, pero no han sido reglamentadas legalmente. Concepto usado por Jordi Borja en su obra “La ciudad conquistada”, 2003.
[6] La “batalla” se establece entre las tendencias al individualismo, egoísmo y otras manifestaciones que proliferaron al calor de la crisis económica de los años noventa, cuando las soluciones personales primaron por encima de las sociales para la recuperación del nivel de vida y status de individuos y familias (conseguir un empleo en el sector emergente, pasar al sector informal de la economía, emigrar para remesar a la familia), y la recuperación del papel del sector formal y estatal en la mejoría de las condiciones de vida.
[7] UBPC - Unidades Básicas de Producción Cooperativas.
[8] Cifra total de industrias azucareras que quedaron, después de la segunda fase del proceso de redimensionamiento (Tarea Álvaro Reinoso II, 2006).
[9] Consultar página de la Asamblea Nacional del Poder Popular: http://www.parlamentocubano.cu/index.php/labor-legilativa/decretos/325-decreto-no-282-reglamento-para-la-implementacion-de-la-entrega-de-tierras-ociosas-en-usufructo-270808-.html
[10] El análisis sólo se pudo extender hasta el 2008 por la ruptura de la serie de datos, debido a que la población total del año 2009 aparece ajustada según los límites territoriales del Decreto - Ley 269 modificativo de la Ley No. 18 de los Límites Territoriales de las Provincias y de los Municipios, del 4 de enero de 2010; por lo que varios municipios del país ganan o ceden cantidades de población de decenas, cientos o miles de personas.
[11] Superan el millar de licencias, los albañiles, recolectores y vendedores de materias primas, manicure, carpinteros, y zapateros remendones.

[12]  Con patrimonio en organopónicos.
[13] Decretos-Ley del Consejo de Estado (los No. 305 y el 306, del 15 y 17 de noviembre del 2012, respectivamente), un Decreto del Consejo de Ministros (el No. 309, del 28 de noviembre del 2012), una Resolución del Ministerio de Finanzas y Precios (la No. 427/2012) y otra del de Economía y Planificación (la No. 570/2012).
[14] La evaluación de los requisitos para recibir tales prestaciones de cada uno de los beneficiarios  produjo tal descenso.