(Este artículo forma parte de la última publicación realizada por el proyecto ¿Quo vadis Cuba? Implicaciones para Europa y Polonia ).
(Spatial
reconfiguration in contemporary Cuba)
Luisa Iñiguez Rojas, Janet Rojas Martínez, Arnoldo Oliveros Blet
RESUMEN
La crisis
económica que enfrentó Cuba como resultado del desplome del campo socialista a
inicios de la década de los noventa del pasado siglo, produjo notables cambios
en las dinámicas sociales y espaciales. A partir del año 2000, un conjunto de
medidas se encaminaron a acelerar la
recuperación económica y transformar la gestión de las políticas sociales. En
este marco, el presente trabajo desarrolla una caracterización de los
principales procesos que han motivado
reconfiguraciones territoriales del país en las dos últimas décadas, tales
como, la localización focalizada de nuevos o renovados actores económicos
priorizados, la expresión territorial diferenciada de la desactivación de más
de la mitad de las industrias azucareras, la reducción de la superficie cañera,
así como la medida de entrega en usufructo de tierras estatales ociosas. Se
explora la posible relación de estos procesos con la evolución de indicadores
demográficos indirectos como la migración interna y externa, el crecimiento
poblacional y el envejecimiento, entre otros. Por último se esbozan nuevas
reconfiguraciones territoriales que pudieran resultar de la implementación de
lineamientos de la política económica y social, aprobados a inicios de la
presente década, en relación a las tensiones entre la racionalidad económica y
equidad social, y a la necesidad de promover la solidaridad y complementariedad
territorial en la gestión económica y social.
Palabras
clave:
Cuba, espacio, territorio, desigualdad.
ABSTRACT
The economic
crisis faced by Cuba as a result of the collapse of socialist camp in the early
nineties of last century, produced remarkable changes in the social and spatial
dynamics. Since 2000, a set of policies has been deployed aimed at accelerating
economic recovery and changing the management of social policies. In this
context, this paper provides a characterization of the main processes that have
led to the country's territorial reconfigurations in the last two decades; such
as the focused location of new or renewed prioritized economic actors, the
territorial expression of the differentiated deactivation of more than a half
of the sugar industries, the reduction of the amount of land dedicated to
sugarcane production, and the extent of the provision of underdeveloped public
land in “usufruct”. This paper also explores the possible relationship of these
processes with the evolution of indirect demographic indicators such as the
internal and external migration, population growth and aging, among others.
Finally it outlines new territorial reconfigurations that may result from the
implementation of economic and social policies guidelines, approved at the
beginning of this decade, in relation to the tensions between economic
rationality and social equity, and the need to promote solidarity and
territorial complementarities in economic and social management.
Keywords: Cuba, space, territory, inequality.
Introducción
La crisis económica
enfrentada a inicios de la década de los noventa del pasado siglo en Cuba,
provocó la paralización prácticamente absoluta de la producción y los
servicios. Ante la brusca disminución de la capacidad del estado para mantener
los niveles de bienestar alcanzados, las iniciativas de los individuos y
familias para detener el deterioro de sus condiciones de vida, dio inicio a un
proceso que estremeció los avances alcanzados en la homogeneidad social.
Las oportunidades de
inserción de los nuevos o reanimados actores económicos priorizados, y las
diferentes potencialidades de los espacios-familia[1]
para incorporarse a ellos, o para definir nuevas fuentes de ingresos, ampliaron
las desigualdades sociales y territoriales en el país[2].
Durante la primera década
del presente siglo fueron apreciables los síntomas de la recuperación, aunque
la situación económica se mantuvo tensa. Junto a los nuevos esfuerzos por
lograr la salida de la crisis, se produjeron cambios en la estructura
productiva y en la gestión de las políticas sociales, con el surgimiento de
procesos que impusieron la reorganización de las dinámicas territoriales al
interior del país. Así, en esta década se definía un nuevo marco de incremento
de la heterogeneidad inter e intra territorial. La segunda década se inicia con
intensos cambios en las proyecciones de la política económica y social, algunas
en marcha.
En este contexto, el
presente trabajo se encamina a caracterizar trasformaciones recientes en las
estructuras espaciales de Cuba, y su articulación con los procesos de
ampliación de desigualdades. Tomando como antecedente la crisis de los años
noventa del pasado siglo, argumenta los principales cambios ocurridos en la
década del 2000, y esboza algunos de los
procesos más recientes en la reorganización y las dinámicas socio
espaciales del país, y sus posibles repercusiones en la ampliación de los
desequilibrios territoriales.
La
reorganización espacial en los años noventa del pasado siglo. Las desigualdades
en foco.
A inicios de la década del
noventa, Cuba se enfrenta una aguda crisis económica, como resultado del
desplome del campo socialista europeo. A pesar de los avances en materia de
equidad de los procesos productivos y de consumo, logrados durante más de 30
años y, donde la planificación física había jugado un papel esencial, con la
apreciable reducción de los desequilibrios territoriales, las
"rugosidades" (Santos, 1990, p. 161) espaciales persistían.
Todas las capitales provinciales y muchas de las
ciudades intermedias (de más de 20 000 habitantes), se habían convertido en
centros económicos, sociales y políticos de sus territorios; en el resto de las
cabeceras municipales, ni se había consolidado una base económica propia, ni
parecía posible que se lograse a mediano plazo, por lo que la fuerza de trabajo
debería mantenerse en empleos fuera del territorio y en lo fundamental
agrícolas. En pueblos y comunidades que integraban la llamada “franja de
base” del sistema de asentamientos poblacionales, cuyas funciones económicas
eran agropecuarias o agroindustriales, se notaba un relativo retraso en el
desarrollo (Franco, 1991).
De forma menos explícita,
algunos componentes de los flujos espaciales también se reproducían, en especial
los asociados a la dimensión conductual de las condiciones de vida, como las
características culturales de grupos sociales de diferentes espacios
geográficos[3].
La
agudización de la crisis económica, y el recrudecimiento del bloqueo de los
Estados Unidos de Norteamérica, provocó el establecimiento de un programa de
emergencia económica denominado “Periodo Especial”, con el objetivo central de
amortiguar al máximo los “efectos de la crisis sobre la población y reorientar
el funcionamiento económico de la nación, acorde con las nuevas condiciones”
(Ferriol, 1998, p. 364). Por lo tanto, fue definido como uno de los objetivos
centrales de este periodo, preservar el principio de equidad social,
manteniendo en lo posible los ingresos de los trabajadores, los servicios de
salud y educación, así como la distribución de bienes de consumo normados. A
mediados de la década del noventa, comenzó la aplicación de una serie de
medidas tales como el incremento del trabajo por cuenta propia, la creación de
mercados agropecuarios, industriales y artesanales, el fomento del sector mixto
y las inversiones extranjeras, que ampliaban y diversificaban las formas de
inserción en los procesos de producción-distribución y consumo. Tanto estas
medidas, como otras encaminadas al saneamiento de las finanzas internas,
produjeron impactos negativos sobre la situación económica de muchas familias,
que “también de forma diferenciada, disminuyeron su nivel de vida” (Pérez, 1998,
p. 147).
Aunque
los cambios se establecieron de forma más o menos
sincrónica para todos los grupos y espacios poblacionales, los efectos se
difundieron o intensificaron de forma diferenciada. La capacidad
de respuesta dependió
inicialmente de la situación de partida,
la violencia de los cambios y las posibilidades de “amortiguamiento” de los
impactos negativos. La asignación de
funciones de interés nacional fomentadas por el sector estatal era
guiada por la verticalidad, y por la “productividad espacial”[4], y
beneficiaron a determinados lugares seleccionados para cumplir funciones de
prioridad nacional, mientras, algunos espacios-familias, lograban por vías
productivas o no, recuperar sus niveles de consumo y detener el deterioro de
las dimensiones de condiciones de vida.
En el avance de la
implementación de las medidas de ajuste, el sector turístico se erigió como
actor económico emergente más importante, seguido del minero-metalúrgico, el
energético, y el agroindustrial no cañero. Todos ellos, sustentados en la
localización de condiciones y recursos naturales, y de infraestructuras más
favorables preexistentes o creadas para esos desempeños.
Mientras estos sectores permitían al estado, dentro de
ciertos límites, mantener políticas sociales universales, las posibilidades de
irradiación de sus ventajas hacia territorios y población próximos fueron muy
limitadas. La creación o incentivo de formas de propiedad no tradicionales como
las empresas mixtas, tuvieron una localización concentrada en la ciudad de La
Habana.
Por otra parte, emergían
también nuevos actores económicos no estatales —legales, ilegales o alegales[5]—,
regulados tanto por factores objetivos que incluían hasta las posibilidades
productivas de los espacios geográficos, los patrones de distribución de la
población (urbano, rural concentrado o disperso), como factores subjetivos,
asociados a la voluntad o la capacidad de pensar y ejecutar acciones para
mejorar la dimensión económica de las condiciones de vida. Estaban creadas las
condiciones para la ampliación de las desigualdades sociales y acechaban las
inequidades.
Aunque no
puede desconsiderarse la influencia de otros múltiples componentes en la
decisión de migrar, donde incluso participan factores subjetivos, de los cuales
no se cuenta con informaciones recientes, se considera que las categorías de
migración interna orientan de manera indirecta las respuestas de la población a
los impactos negativos en sus territorios de residencia, o a la atracción que
ejercen otros considerados más dinámicos o donde se esperan mejoras en
dimensiones de las condiciones de vida.
inicios de la década del noventa, fue
registrado el incremento de municipios en equilibrio migratorio y de municipios
emisores, comparados con el trienio anterior. A
partir de la segunda mitad de los años noventa, coherente con la aplicación
de las medidas de ajuste económico, se observó el incremento de municipios
receptores donde se localizaban los más importantes polos turísticos o
inversiones en la exploración y explotación de recursos energéticos, o mineros
metalúrgicos o favorecidos por exitosos planes priorizados de desarrollo
agroindustrial citrícola, así como el incremento de municipios emisores y la
reducción de los receptores en las provincias centrales y orientales (Boquet,
1998 y Montes, Lantigua y San Marful, 2001).
Por otra parte, los
elevados volúmenes de inmigrantes a la capital del país, promovieron que en
1997, se aprobara un Decreto-Ley 217, que contemplaba la regulación del
movimiento poblacional hacia cuatro municipios centrales de la provincia Ciudad
de La Habana (en la actualidad Provincia La Habana), con más elevadas
densidades de población. Fue lograda la reducción inmediata de las tasas de
saldo migratorio interno en ellos, mientras se incrementaban los municipios
altos receptores de población en la parte occidental y suroccidental de la
provincia vecina (Montes, Lantigua y San Marful, 2001) (San Marful y Morejón,
2009).
En
la zona rural la afectación a los sectores productivos y de servicios fue muy
intensa, en especial asociada a restricciones de la movilidad por carencia de
transportación, no obstante, en los primeros años de la crisis se produce una
disminución en la pérdida de población rural, e incluso, ganancias de efectivos
en estas zonas, con bajos valores que sugieren el interés por lograr en el
medio rural una mejorara en las condiciones económicas y de alimentación.
Las
reconfiguraciones espaciales en la década del 2000
A pesar de los efectos
favorables de la recuperación económica y de la permanente preocupación del
Gobierno, por elevar las condiciones y el nivel de vida de la población, y la
mantenida proximidad de algunos indicadores territoriales de educación y salud,
de forma inevitable en la década del 2000, era apreciable el deterioro en las
infraestructuras de servicios sociales, la descapitalización de las industrias,
y un creciente nivel de desigualdad asociada a la crisis. Adaptando los
análisis de Santos y Arroyo (1997), acerca del desarrollo y la estratificación
de territorios, se puede considerar que por efecto de los nuevos procesos productivos
y sociales se habían definido en el país espacios
o zonas luminosas y espacios o
zonas opacas, “otra geografía de las desigualdades” (Santos y Arroyo 1997, p.54).
El análisis de situación,
dio lugar a la organización de programas de recuperación de sectores sociales
llamados “Programas de la Revolución”, que superaron
los 100, caracterizados por Ferriol, Castiñeiras y Therborn, como:
“una revolución social dentro del desarrollo social alcanzado” (2005,
p.164). Los Programas de la Revolución fueron inscritos en un movimiento denominado “Batalla de
Ideas”[6], en el cual se
definieron como ejes centrales los trabajadores sociales, comenzando la
formación emergente de estos actores. En este marco, se consideró necesario
introducir políticas focalizadas a grupos sociales vulnerables, que no habían
logrado amortiguar los efectos del programa de reforma económica, y en paralelo
mantener políticas sociales universales, en lo esencial en la educación y la
salud, aunque con fuertes restricciones operacionales.
Los territorios emergentes
priorizados continuaron su desarrollo y en el caso del turismo fueron ampliados
hacia otros espacios de grupos insulares del archipiélago. Algunos procesos que
habían comenzado a actuar sobre la reformulación de fijos y flujos espaciales
se intensificaron y entre ellos se destaco el incremento de las remesas y la
vinculación formal o informal, legal o ilegal a actividades productivas y de
servicios. Las carencias de información para la aprehensión de la geografía de
estos procesos continúan hasta la actualidad, dibujada solo en algunos estudios
de caso.
El continuado deterioro de
las actividades del sector agropecuario, con carencias de insumos, problemas
organizativos de producción y comercialización, factores climáticos, y otros,
mantenía reducciones en el aprovechamiento de las tierras agrícolas, con la
consecuente disminución de la producción agropecuaria. Los esfuerzos por
superar estas limitantes incluyeron desde la aprobación de nuevas formas
cooperativas como las UBPC[7],
hasta el establecimiento de Programas como el Alimentario, y de la Agricultura
Urbana y suburbana.
La agroindustria azucarera
que históricamente fuese líder de la producción y exportación, comenzó una
reestructuración a inicios de mayo del 2002, con el objetivo de redimensionar
el sector. Con toda probabilidad, fue este el proceso más significativo en los
cambios en la estructura espacial productiva de Cuba durante la década del
2000. Por un lado el patrimonio azucarero industrial fue reducido de 156 a 61
industrias[8],
quedando menos del 40% del existente y de 97 municipios con centrales
azucareros, 45 perdieron
la totalidad de las fábricas que se localizaban en su territorio (IPF,
2003). Las desactivaciones de industrias tuvieron una amplia distribución geográfica,
más intensa en el occidente y centro occidente del país
La pérdida de la principal base económica de un
municipio, o de un asentamiento azucarero (batey), ocurrió cuando existían
limitadas condiciones para que estos “territorios de la economía nacional”
reorientaran de forma rápida sus funciones productivas, aún cuando pasaran a
ser “territorios de la economía local”. Se pusieron en práctica diferentes
proyectos, ampliamente documentados, que procuraron mitigar el intenso
deterioro en las dinámicas económicas y sociales en estos espacios.
Algunos estudios habían pronosticado que los
impactos negativos en los municipios se diferenciarían según factores tales
como: la producción azucarera como función económica predominante y principal
fuente de empleo, la localización del central en la capital municipal o próximo
a esta, la intensidad de la reducción del área cañera o del número de centrales;
o la existencia de otros actores económicos localizados dentro del propio
municipio en otras partes del territorio (IPF, 2003). No obstante, Oliveros (2010) llamó la atención acerca de
que 1991 de los asentamientos implicados en el proceso eran rurales, donde
residían 826 993 habitantes, que tenían menos alternativas para enfrentar el
proceso de desarticulación económica, por lo cual los efectos negativos sobre
las dinámicas sociales podían ser muy desfavorables.
Al margen de la
discrepancia o aceptación con la decisión del estado de redimensionar la
primera industria del país, o de la forma en que fue implantado el proceso.
Hasta la actualidad se reconocen dificultades en la reconversión productiva de
territorios ex azucareros, y en la reorganización de los espacios del cotidiano.
Como apuntara Andrés Dembicz, cuando nadie habría considerado el posible
declive de la Cuba azucarera: “…la base económica de los bateyes azucareros es
la industria azucarera, cuya y fábrica independientemente del tamaño y volumen
de producción, decide sobre la vida social y económica de estos poblados” (1976,
p. 65). Transcurridos 10
años del inicio del proceso, en algunos asentamientos antes azucareros, en
especial rurales, hasta la actualidad se registran limitaciones en la disponibilidad
de servicios básicos, e insatisfacciones de la población asociada a la pérdida
de la identidad azucarera construida durante muchas décadas (Vera, 2013)
(Machado, 2013).
En el marco del
redimensionamiento, en el período del 2003 al 2007, se produjo la reducción de
la superficie cultivada de caña, más intensa en la parte centro occidental del
país, que totalizó cerca de 500 000 ha. Aunque uno de los objetivos
estratégicos del proceso fue
la reconversión de áreas cañeras hacia nuevos usos, con vistas
a lograr mayor diversificación e incrementar la producción de alimentos, varios
especialistas alertaron sobre la posibilidad del incremento de las tierras
ociosas (Nova, 2004; IPF, 2003).
Así, entre el 2003 y el
2007, el país incrementó la superficie
de tierras ociosas en 243 681 ha.; y de
ellas, el 92% correspondió a municipios que disminuyeron la superficie
cultivada de caña de azúcar (ONEI, 2007).
Los mayores índices de
ociosidad se localizaron en las regiones occidental y oriental, coincidentes
con territorios de mayores índices de desaprovechamiento agrícola, tierras de
plantaciones de caña, vinculados a la actividad ganadera, cuando los índices
más bajos los obtenían los tradicionales territorios de mayor productividad en
las llanuras meridionales de la región occidental, y municipios montañosos del
oriente del país (Iñiguez, 2010). En septiembre del 2008 entraron en vigor el
Decreto-Ley 259 “Sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo” y el Decreto
282 “Reglamento para la Implementación de la entrega de tierras ociosas en
usufructo”[9],
a personas naturales y jurídicas.
Aunque el objetivo esencial era el incremento de la producción agropecuaria y
la reducción de la importación de alimentos, la reducción de las tierras
ociosas con seguridad fue uno de los factores de tal decisión.
La entrega de tierras,
trascurrió con fuertes diferencias territoriales dependientes de la
productividad, del índice de ociosidad, y de la fluidez o las trabas
organizativas del proceso que abarcó la totalidad de los municipios que tenían
declaradas tierras ociosas (164 de los 169 existentes entonces). Para el año
2010, 106 municipios habían disminuido su superficie agrícola ociosa, y
aquellos con más de la cuarta parte de sus tierras agrícolas ociosas pasaron de
72 en el 2007, a solo 10 municipios en el 2010, más de la mitad de las tierras
habían sido entregadas y el 55% de ellas solicitadas para uso pecuario, dada la
menor dificultad para convertirlas en productivas y en especial los ingresos
superiores definidos para esta producción, concentrados en territorios
tradicionalmente ganaderos, de provincias de la parte centro oriental y central
del país. Las cifras anteriores permiten
valorar solo un aspecto de los cambios de la estructura espacial, de lo cual no puede inferirse el incremento
en la producción agropecuaria, o las mejoras en la dimensión económica de las
condiciones de vida de la población vinculada a estas actividades productivas.
Un
análisis de la evolución anual de la migración interna durante la década del
2000[10],
identifica como receptores a solo un 20% del total de municipios del país,
coincidentes con aquellos donde se concentraron las más fuertes inversiones en
el sector turístico, la exploración y explotación de recursos minerales y
energéticos, y en el sector agropecuario industrial. Otros municipios altos
receptores de inmigrantes desde la década del noventa, localizados al norte y
oeste de la antigua provincia de La Habana, se puede explicar que esta
recepción, se da por la proximidad y facilidad de comunicación con la capital
del país y a la regulación en la recepción de inmigrantes antes comentada. Una
de las actividades a la que con mayor frecuencia se vincularon estos grupos de
población fue a la venta y reventa de productos, principalmente alimenticios,
en barrios de la ciudad de La Habana, incrementado el llamado “mercado negro”.
Se organizaron así de forma espontánea, barrios y asentamientos con serias
limitaciones en las condiciones de habitabilidad.
Así, la atracción o luminosidad de los territorios receptores de
población, provino de dos fuentes: la que aportaron los enclaves de desarrollo
fomentados desde mediados de la década del noventa o a inicios de la década del
2000 y la resultante de la percepción de la población de las oportunidades de
residir en las cercanías de La Habana. En los
últimos años, en municipios de la provincia donde se localiza la capital del
país, se registran tasas de crecimiento negativas a expensas de la disminución
de la migración interna, de tasas mantenidas de migración externa y de bajas
tasas de fecundidad. En otras capitales
provinciales también se registra la disminución de las tasas de crecimiento por
razones similares.
Los
municipios emisores (80 % del total) han mantenido sus tasas negativas o incluso
las han incrementado, con pocas excepciones, concentrados en la parte oriental
y centro oriental del país y dispersos en todas las provincias, y sus crecimientos naturales son los responsables de que
sean territorios proveedores de población emigrante. Los pocos receptores de
población rural se asocian a condiciones ventajosas desde el punto de vista de
las actividades económicas y asentamientos de mayor importancia. En todos los
casos, se pueden mencionar regularidades espaciales y patrones de aglomeración
que generan heterogeneidades al interior de las provincias, y quiebran las
tradicionales zonas occidental, central y oriental, que son aún utilizadas en
los análisis geográficos de la población.
A tono con las nuevas
dinámicas rurales, se observa la concentración sectorial de las actividades
secundarias y terciarias en el empleo de la población rural. En investigaciones
realizadas por el Instituto de Planificación Física en 1991, se planteaba que
era poco pertinente asociar el empleo agrícola con la población rural y las cifras
del Censo de Población y Viviendas de Cuba para el año 2002, éstas nos dicen
que la concentración de las actividades secundarias y terciarias en la
población rural empleada alcanza, en ocasiones, valores cercanos al 80% en algunos
territorios. No obstante, la regularidad es la presencia de valores más
elevados vinculados a cabeceras provinciales y municipales, a la zona costera y
a otros objetivos económicos. El fenómeno denota de manera indirecta la alta
movilidad de la población rural, básicamente en busca de empleo.
La
disminución de las tasas de crecimiento poblacional en los municipios del país,
reforzada desde la década del noventa, se intensifica en la década del dos mil,
para el 2006 pasa a ser negativa y se
mantienen hasta la actualidad alrededor de cero. Desde el año 2004 no se
garantiza el reemplazo poblacional. La tendencia al decrecimiento de la
población rural, observada desde los años setenta experimentó una ruptura
que marcó el comienzo de un crecimiento
positivo continuado de la población rural, aunque con valores muy bajos. Estos
incrementos estuvieron condicionados a la pérdida de importancia del componente
mecánico (migración) que había dominado hasta este momento los crecimientos
totales, al tiempo que se imponía como elemento determinante el crecimiento
natural (natalidad) de la población rural.
En
la dinámica del sistema de asentamientos también se observaron cambios, la
población de las zonas rurales mayores de 200 habitantes aumentó, al absorber a
la de zonas rurales menores de 200 habitantes y dispersos, proceso contrario a
lo observado en las zonas urbanas de menos categoría que decrecen. Esta
regularidad evidencia un movimiento de dirección rural dispersa a rural
concentrada. Además de los altos niveles de
urbanización y de la concentración de la población rural, otros elementos
provocan diferencias en los espacios rurales, como es el peso de la población
rural dispersa que varía entre un 1% y un 67%.
Los municipios con mayores
niveles de ruralidad en general tienen la condición de emisores de población, a
excepción de algunos vinculados al desarrollo turístico, e industrial. Los
receptores de población suelen coincidir con niveles más bajos de ruralidad y
se encuentran en los núcleos tradicionales de mayor desarrollo de la actividad
económica (Oliveros, 2010).
Un ejemplo de la
importancia entre las dinámicas económicas y sociales de los asentamientos
contenidos en un municipio, indicadores demográficos muestran que en aquellos
donde se desactivaron la totalidad de los centrales azucareros, eminentemente
“cañeros azucareros”, con restricciones para la reestructuración de la vida
económica y la recuperación de las dinámicas sociales, se registraron
crecimientos y tasas de saldos migratorios negativos, experimentando incluso
perdidas de población absoluta, mientras en otros casos donde al interior del
municipio se localizaban actores económicos renovados o estables, las tasas de
crecimiento total y las de saldo migratorio interno, fueron positivos.
Por último uno de los
principales procesos socio demográficos que ha experimentado la población
cubana es la tendencia al envejecimiento con un ritmo muy elevado, desde 1990,
por ejemplo en el año 2012 la población de 60 años es un 18.2 %. Se plantean como determinantes, las bajas
tasas de fecundidad, y el incremento de la esperanza de vida y aunque el
fenómeno es de distribución nacional, algunos municipios del país presentan
indicadores superiores al 20% desde hace varios años, por el contrario poco más
de 10%, en especial en municipios montañosos de las provincias orientales.
Lo más sugerente de este
fenómeno en la población rural radica en el predominio del sexo masculino en
las edades superiores a los 65 años, contrario a lo que se observa a nivel
nacional. En este comportamiento pudieran intervenir procesos como la migración
femenina campo-ciudad asociada a mujeres de edad más avanzada. A ello pueden
unirse los clásicos patrones de herencia y explotación de la tierra, que
frecuentemente se asocian al sexo masculino y que en ocasiones provocan su
permanencia en la zona rural, mientras que la mujer se emplea en sectores
secundarios y terciarios asociados a asentamientos urbanos.
Cambios actuales en la
política económica y social. Nuevas reconfiguraciones socio espaciales.
En los contextos de elevada
heterogeneidad espacial de dimensiones de condiciones de vida, en especial de
la dimensión económica, se plantea a inicios del 2010 un proceso de
reorganización de la fuerza laboral en el país. Después de varios cambios en
las normativas legales desde mediados de la década del noventa, se aprueba en
este propio año un nuevo Reglamento del ejercicio del trabajo por cuenta
propia, como medio de absorción de los trabajadores “disponibles”.
El número de autorizaciones
de licencias para ejercer diferentes actividades se amplió llegando a 181, y
disposiciones posteriores eliminaron restricciones vigentes, lo cual dio como
resultado el súbito incremento de estos trabajadores no estatales. Ello ha
representado un proceso, que aunque ha alcanzado a la totalidad de los
municipios, se ha concentrado en lo esencial en espacios urbanos, y apenas un
10% del total de las licencias pueden considerarse opciones significativas en
espacios rurales.
Uno de los aspectos más
controvertidos es la potencial desigualdad de ingresos según ocupación en
licencias que pudiéramos llamar “polares” entre los cuales se destaca de un
lado el zapatero-remendón, limpiabotas, o cuidador de baños públicos, y de otro
el traductor de documentos, peluquero de
animales domésticos, o masajista. No menos importante, es la orientación de las
licencias al sector terciario, con el 80% de ellas relacionadas con servicios.
Asociado a ello, solo el 16% de las licencias hacen uso intensivo del
conocimiento, lo cual se considera una pérdida de parte de la inversión del
Estado cubano en educación, a la vez que coloca en desventaja a aquellos con
formación universitaria y de técnico medio (Fundora, 2012). Entre las licencias
más demandadas se han mantenido desde que se potenciase el proceso en el 2010,
la elaboración y venta de alimentos, los trabajadores contratados, seguidos de
transportación y carga de pasajeros, los productores vendedores de artículos
varios de uso en el hogar, el arrendamiento de viviendas y los mensajeros[11].
La capital del país continúa con la mayor adhesión al trabajo por cuenta propia
y como es de esperar asentamientos rurales y urbanos menores tienen menos
posibilidades de insertarse y de diversificar las opciones de vinculación
laboral.
En abril del año 2011, fueron aprobados 313 lineamientos de la política
económica y social del Partido y la Revolución,
…con
vistas a actualizar el modelo económico cubano, garantizar la continuidad e
irreversibilidad del socialismo, el desarrollo económico del país y la
elevación del nivel de vida de la población, conjugado con la necesaria
formación de valores éticos y políticos de nuestros ciudadanos (VI Congreso
PCC, 2011, p.10).
La profusa mención al
territorio y lo local en estos lineamientos, y su paulatina implementación,
significan oportunidades para romper la inercia en la que han estado sumergidos
muchos espacios geográficos durante las últimas dos décadas, pero los datos
disponibles auguran posibles efectos territoriales desiguales.
Entre las múltiples alusiones a los territorios, se plantea la creación
de “Zonas Especiales de Desarrollo” que pretenden la sustitución de
importaciones y el incremento de las exportaciones, los proyectos de alta densidad tecnológica y el desarrollo
local. Se contempla de forma explícita el
desarrollo portuario industrial del Mariel, localizado al este de la capital
del país, el incremento de la producción y elevación de la calidad de productos
de la industria del níquel, que se restringe al noreste de la provincia de Holguín;
la conformación del Polo Industrial de la ciudad de Cienfuegos, con
producciones de alto valor, en especial en la petroquímica; así como la
rehabilitación y recuperación del parque industrial de la ciudad de Matanzas
(Graf. 2). Estos macro vectores de desarrollo constituyeron Zonas de Nueva
Asimilación Industrial en los años 70 del pasado siglo y durante la década del
noventa la mayoría de ellos sufrió una notable descapitalización, al igual que
otras de las zonas industriales más importante del país. A ellos se integran
los principales enclaves del sector turístico, surgidos o potenciados durante
la propia década del noventa y en los primeros años de la pasada década, los
cuales han continuado su expansión hasta la actualidad
Otros lineamientos encaminados a la recuperación
del sector agropecuario, proponen estimular actividades generadoras de productos primarios, dirigidos con prioridad al sector
alimentario, tales como programas de desarrollo ganadero, cafetalero, citrícola, arrocero y otros, que podrían
reducir de forma gradual las tierras aún improductivas. Con el objetivo explícito de apoyar la recuperación del sector,
se ha propuesto desarrollar una política integral para estimular
la migración hacia territorios rurales, procurando la estabilidad de la fuerza laboral y
el asentamiento definitivo de las familias que migren. En este sentido,
el incremento sostenido del envejecimiento, de municipios con elevados valores
y la existencia de altos niveles de ruralidad, representa una tensión en la
recuperación del sector agropecuario del país, dada la necesidad, más que
antes, de la presencia y disponibilidad de recursos laborales aptos y
suficientes para la actividad.
De otra parte, en la
implementación de los lineamientos, resoluciones de los Ministerios de la
Agricultura, del Turismo, Finanzas y Precios publicadas en la Gaceta Oficial
038, en noviembre del 2011, autorizan la venta a establecimientos hoteleros y
del sector turístico, de determinados productos agrícolas procedentes de formas
cooperativas y empresas estatales[12]. A
los impactos positivos de esta apertura en la comercialización de la producción
agrícola que se reconoce, continua confrontando numerosos problemas
organizativos y a su contribución a la reducción de importaciones se integran
las mejoras económicas de los productores, y la concreción de la irradiación
territorial de las ventajas de los enclaves turísticos hasta ahora muy
limitada. No obstante, es comprensible que la accesibilidad física y social de
estas formas productivas a los centros turísticos, colocan en ventaja a
territorios más próximos, o a formas cooperativas o empresariales con mayores
activos, incluso de transporte propio, mientras para otros la opción es
prácticamente inviable.
La transportación fue una de las carencias más
agudas enfrentadas en la década del noventa, situación que continua hasta la
actualidad, incluso en la capital del país. Las formas organizativas de
transportación no estatal se han incrementado y en algunos espacios
poblacionales representa la vía predominante de movilidad de la población entre
asentamientos, fundamental en los rurales, donde incluso puede llegar a ser la
única fuente de conectividad entre asentamientos, con el agravante de que los
precios, acordados por oferta-demanda, exceden las posibilidades económicas de
estas poblaciones.
En la política para el transporte se ha proyectado
el fomento de nuevas formas organizativas estatales y no estatales para la
transportación de pasajeros y cargas, según territorios. En el año 2013, comenzó la creación con carácter
experimental de cooperativas no agropecuarias, de las cuales varias son de
transporte de pasajeros o de servicios auxiliares al transporte[13].
En esta etapa inicial se
pretende formar unas 200 asociaciones productivas y de servicios en todo el país
y el Sistema Tributario de estas asociaciones, contemplan beneficios en
comparación con otras formas de vinculación y gestión no estatal. El Estado
cubano considera que estas estructuras productivas asociativas, son de apoyo a
la gestión de las empresas estatales socialistas, que continúan siendo “la
columna vertebral del modelo económico cubano”, y se insiste en que no son
resultado de un proceso de privatización sino de administración de la propiedad
estatal. Al respecto se ha planteado que la medida apuesta a gestionar, de
forma cooperativa, actividades que estatalmente no habían sido eficientes,
además de permitir que el Estado pueda desprenderse de asuntos que no son
trascendentales en el desarrollo de la economía (Puig y Martínez, 2013).
A pocos
meses de la aplicación de esta medida, entre las dificultades que se han
detectado está la poca diversificación por territorios y poca participación de
algunas provincias centrales y orientales, todo lo cual ratifica la intensidad
desigual de los impactos socio territoriales de estas nuevas opciones
(Cubadebate, 2013). Aspectos más vinculados con el desarrollo local se contemplan en otros
lineamientos tales como modificar el modelo de gestión de la industria local,
con la evidente apertura de mayores
espacios para actividades no estatales.
Desde finales de la primera
década del dos mil, diferentes situaciones impusieron nuevos ajustes al gasto social del país, en el marco de la crisis global, de los
problemas internos, y del paso de eventos climatológicos extremos, por lo cual
se frenó el crecimiento de los presupuestos de gastos corrientes destinados a
los programas sociales del país. La mayor contracción se produjo en los gastos
en asistencia social, que cae casi en la mitad[14]. Las partidas de los gastos en educación,
salud, viviendas y servicios comunales, también experimentaron contracciones
(ONEI, 2001). A inicios de la presente década comenzaron procesos de
reorganización y concentración de servicios básicos como los de educación y
salud, que a pesar de mantener los principios de acceso universal y gratuito,
han producido impactos sociales en proceso de evaluación. Los procesos
descritos incrementan las tensiones sobre la equidad social en el marco de la
necesaria búsqueda de racionalidad económica. Algunas medidas focalizadas a
familias y territorios permiten aliviar estas tensiones, como el caso del
Decreto-Ley 289 que autoriza la entrega de créditos a la población para la
realización de acciones constructivas y a la compra de productos y servicios, que
también beneficia a trabajadores por cuenta propia, a campesinos y de forma
reciente a cooperativas no agropecuarias. También han sido aprobadas la entrega
de subsidios bancarios sin reembolso, en lo esencial dirigidos a la reparación
y construcción de viviendas. A estas medidas relevantes de atención a las
desigualdades de ingresos entre espacios-familias al interior del país, se
integran los estímulos fiscales a proyectos de desarrollo local, y a
producciones de sectores priorizados que pudieran mejorar la situación
económica de territorios y familias.
El avance de los procesos
de implementación de la política económica y social del país, comenzó a
promover nuevas reformulaciones espaciales, de las cuales han de esperarse
resultados favorables tanto en los procesos de distribución y comercialización
de las producciones, como en la dimensión económica de las familias. En los
impactos de estos rediseños de las dinámicas socio espaciales, se mantiene como
interrogante, el curso que tomarán las desigualdades territoriales, y los
desequilibrios regionales actuales.
Conclusiones
En la década del noventa,
el contenido de los espacios y territorios condicionó las oportunidades de
espacios familias de amortiguar los impactos negativos de la crisis, y las
posibilidades de insertarse en los procesos que promovían las medidas de ajuste
para la recuperación del país. La búsqueda de eficiencia en la localización de
inversiones o las reanimaciones productivas, debilitaba la equidad de los
procesos que habían actuado sobre los desequilibrios espaciales y regionales
heredados y generados por los propios procesos de planificación física del país
desde los años sesenta.
La
localización de nuevos o reanimados actores económicos estatales en el marco de
la recuperación, continua condicionada a la diferente distribución geográfica
de recursos naturales, y al contenido técnico infraestructural precedente o
emergente de los lugares, a lo cual se integran otros múltiples procesos
formales o informales de incorporación a la producción, al consumo, que tienden
a una reestratificación social y espacial en el país.
Los
cambios en las estructuras espaciales promovidos por actores económicos
estatales emergentes, son más nítidos en los enclaves turísticos y sus espacios
de influencia. El redimensionamiento de la agroindustria azucarera y la entrega
de tierras en usufructo, representaron cambios significativos en la
organización y la estructura del espacio cubano, aunque las informaciones que
disponemos no permiten profundizar sobre sus rediseños. A pesar de ellos varios
estudios apuntan a efectos negativos más notables en la población rural del
país.
El envejecimiento de la población cubana y
específicamente de la población rural,
reflejan una tendencia poco favorable, para el desarrollo de actividades
agro productivas en los territorios rurales.
Los más
recientes cambios acontecidos desde finales de la década del dos mil y en
especial la actual implementación de los lineamientos de la política económica
y social, contempla tanto el desarrollo de espacios de prioridad con
asignaciones que renuevan o definen funciones de significación nacional, como
el interés de promover el desarrollo local en todo el país. En los múltiples
efectos positivos que estos lineamientos pudieran generar, estará en el foco su
desigual expresión en determinados lugares de determinados municipios y de
determinadas provincias. Por ello, agudizar la mira sobre el mapa y vigilar las
respuestas que los territorios darán a estos procesos, identificar los
espacios-territorios más deprimidos o rezagados (opacos) o los mas atractivos, avanzados (luminosos), deberá permitir que las acciones priorizadas por el Estado,
promuevan en lo posible, el ejercicio de la solidaridad intraterritorial e
interterritorial, como vía de compensación o minimización de los desequilibrios
espaciales, de las distancias sociales y la promoción de la cohesión
social. La cual se convierte en un problema
práctico y teórico, donde las reconfiguraciones espaciales no consoliden
desigualdades espaciales y sociales injustas.
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[1] Espacio-familia: Relación existente
entre la organización espacial (sistema de objetos y acciones) y las
condiciones de reproducción social medidas en la unidad básica de agregación de
sus habitantes. (Iñiguez, Ravenet, 1999)
[2] Entendemos la
desigualdad espacial o territorial, como diferencia que pueden ser medidas
objetivamente, construidas históricamente o súbitamente en los procesos
particulares de evolución de la sociedad.
Distinguimos entre ellas las inequidades, como aquellas desigualdades
moralmente injustas, evitables.
[3] Utilizamos en este documento
el concepto de espacio de Milton Santos como “conjunto
indisociable de sistemas de objetos (fijos, o formas) y acciones (flujos,
funciones), con una determinada estructura y en permanente interacción, siempre
testimonio
de una historia escrita por los procesos del pasado y del presente, y la
acepción de territorio como un área de límites precisos, de poder y responsabilidad
político-administrativa, sectorial, o de otras múltiples organizaciones de la
sociedad (Santos, 19noventa, pp.
130,138).
[4] Diferente capacidad de los
lugares para ofrecer rentabilidad a las inversiones, dependiente de las
potencialidades locales condicionadas por el soporte técnico-informacional
(Santos, 1996, p. 197).
[5] Actividades que se
consienten, pero no han sido reglamentadas legalmente. Concepto usado por Jordi Borja en su obra “La
ciudad conquistada”, 2003.
[6] La “batalla” se establece
entre las tendencias al individualismo, egoísmo y otras manifestaciones que
proliferaron al calor de la crisis económica de los años noventa, cuando las
soluciones personales primaron por encima de las sociales para la recuperación
del nivel de vida y status de individuos y familias (conseguir un empleo en el
sector emergente, pasar al sector informal de la economía, emigrar para remesar
a la familia), y la recuperación del papel del sector formal y estatal en la
mejoría de las condiciones de vida.
[7] UBPC - Unidades Básicas de
Producción Cooperativas.
[8] Cifra total de industrias
azucareras que quedaron, después de la segunda fase del proceso de
redimensionamiento (Tarea Álvaro Reinoso II, 2006).
[9] Consultar página de la
Asamblea Nacional del Poder Popular:
http://www.parlamentocubano.cu/index.php/labor-legilativa/decretos/325-decreto-no-282-reglamento-para-la-implementacion-de-la-entrega-de-tierras-ociosas-en-usufructo-270808-.html
[10] El análisis sólo se pudo
extender hasta el 2008 por la ruptura de la serie de datos, debido a que la
población total del año 2009 aparece ajustada según los límites territoriales
del Decreto - Ley 269 modificativo de la Ley No. 18 de los Límites
Territoriales de las Provincias y de los Municipios, del 4 de enero de 2010;
por lo que varios municipios del país ganan o ceden cantidades de población de
decenas, cientos o miles de personas.
[11] Superan el millar de licencias, los
albañiles, recolectores y vendedores de materias primas, manicure, carpinteros,
y zapateros remendones.
[12] Con patrimonio en
organopónicos.
[13] Decretos-Ley del Consejo de
Estado (los No. 305 y el 306, del 15 y 17 de noviembre del 2012,
respectivamente), un Decreto del Consejo de Ministros (el No. 309, del 28 de
noviembre del 2012), una Resolución del Ministerio de Finanzas y Precios (la
No. 427/2012) y otra del de Economía y Planificación (la No. 570/2012).
[14] La evaluación de los
requisitos para recibir tales prestaciones de cada uno de los
beneficiarios produjo tal descenso.
