El papel de la Iglesia Católica en el futuro de Cuba: su misión ante la sociedad y el Estado.

Por. Delia Contreras 

Profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo (España). 

Especializada en “Problemas de Desarrollo en América Latina” por el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. 

Investigadora en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Fundación Ortega Marañón

RESUMEN

Con la llegada de Raúl Castro a la presidencia de la República las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado han entrado en una nueva etapa en la que la jerarquía católica de la Isla ha obtenido el estatus de interlocutora interna del régimen. Partiendo de este hecho, el objetivo de nuestro análisis es determinar el papel que puede desempeñar la Iglesia Católica en el futuro de Cuba, en el contexto de las tímidas reformas políticas que se están llevando a cabo y de los cambios más profundos en la esfera socio económica y religiosa, con la rápida proliferación de nuevos credos que pueden poner en riesgo el protagonismo otorgado por el gobierno a la Iglesia Católica en los ámbitos político y social.

PALABRAS CLAVE: Iglesia Católica, Régimen Cubano, Relaciones Iglesia-Estado.

 

INTRODUCCIÓN

La presencia pública de la Iglesia Católica en la República de Cuba se incrementó a partir del año 2010 cuando el arzobispo de La Habana, el cardenal Jaime Ortega, inició conversaciones con el gobierno de Raúl Castro para la liberación de presos políticos y se afianzó tras el viaje oficial que el Papa Benedicto XVI realizó a la Isla, en marzo del 2012. Tanto la mediación de la Iglesia local como la posterior visita del Papa suscitaron un profundo debate sobre el papel que puede desempeñar la Iglesia Católica en el futuro de Cuba y sobre si la jerarquía católica cubana pudiese contribuir, o no, al tan ansiado cambio de régimen. Muchos analistas coinciden en señalar que si en el plano económico una de las reformas más significativa adoptada por el actual gobierno ha sido la ampliación de la iniciativa privada, en el político, él haber otorgado legitimidad a la Iglesia Católica para debatir sobre temas de interés nacional.

Ciertamente, las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado cubano atraviesan actualmente uno de los mejores momentos de su historia, aunque estas dos instituciones siguen manteniendo serias discrepancias sobre cuáles han de ser los derechos fundamentales del ser humano y los principios sobre los que debe sustentarse la sociedad civil. En los últimos años, los obispos de Cuba han tratado de acercar posiciones con el gobierno de Raúl Castro a través del diálogo, con el doble propósito de recuperar los espacios perdidos al triunfo de la revolución y de contribuir a la adopción de medidas reformistas que puedan facilitar, en el futuro, un proceso de transición hacia la democracia.

Las aspiraciones de la jerarquía eclesiástica cubana han contado con el apoyo de la diplomacia vaticana y de los predecesores del actual papa Francisco, Juan Pablo II y Benedicto XVI, preocupados por la pérdida de adeptos en una parte del mundo, América Latina, en la que se concentran el 45 por ciento de sus fieles¹. El gobierno de La Habana, por su parte, ha aceptado el acercamiento a la Iglesia Católica tras años de distanciamiento al considerarla la única institución no comunista que goza de la solidez suficiente para ostentar el estatus de interlocutor interno del régimen, sin plantear un desafío a su liderazgo. Otro importante factor a tener en cuenta es el hecho de que un mayor entendimiento por parte de las autoridades gubernamentales con el catolicismo isleño lleva implícito el apoyo del Vaticano, un importante actor de peso internacional.

En este contexto, el objetivo de nuestro estudio será profundizar en el papel desempeñado por la Iglesia Católica en Cuba desde una doble vertiente analítica: por una parte analizaremos cómo han evolucionado las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica y, entre ésta y la sociedad, desde el triunfo de la revolución castrista, por otra, trataremos de determinar qué puede aportar la jerarquía católica de la Isla a la Cuba del siglo XXI, ante una nueva realidad caracterizada por tímidas reformas en lo político, pero sobre todo, por importantes cambios económicos, sociales y en el ámbito religioso, con la rápida proliferación de otros credos que podrían poner en riesgo el papel protagónico otorgado por el gobierno a la Iglesia Católica en las esferas política y social.

LA IGLESIA CATÓLICA FRENTE AL ESTADO: EVOLUCIÓN DE SUS RELACIONES

Desde el triunfo de la revolución castrista en 1959, las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado en la República de Cuba se han caracterizado por una gran complejidad, dependiendo de las circunstancias internas del régimen y de la actitud de la propia iglesia hacia el gobierno revolucionario².

Inicialmente, la Iglesia Católica cubana se posicionó a favor de la revolución. La restitución de las libertades públicas y de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos, siguiendo criterios de justicia social, eran argumentos fácilmente aceptables por la jerarquía católica de la Isla³. Sirva de ejemplo la pastoral Vida Nueva del arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Pérez Serantes, hecha pública el 3 de enero de 1959, pocas horas después del triunfo revolucionario:

…Queremos y esperamos una república netamente democrática, en la que todos los |ciudadanos puedan disfrutar a plenitud la riqueza de los derechos humanos (…) Queremos que a nadie le falte el pan de cada día: que no falte nunca trabajo, debidamente retribuido, y con él, el alimento, el vestido, el techo y la educación conveniente y propia del hombre, en forma tal que lo capacite para su superación y para que pueda subir los peldaños de la escala social, que no debe ser privilegio de nadie. (Uría, 2011, p. 264)

Teniendo en cuenta el escenario socio político en el que se produjo el triunfo revolucionario, resulta comprensible que, al menos inicialmente, existiera una clara convergencia de criterios entre la jerarquía católica cubana y el gobierno de Fidel Castro. Sin embargo, cuando Fidel entró triunfalmente en La Habana en enero de 1959, todavía estaban en vigor los dogmas del Primer Concilio Vaticano y la Santa Sede se había posicionado, en el contexto de la Guerra Fría, con los Estados Unidos y sus aliados occidentales, contrarios al expansionismo comunista liderado por Moscú. Era pues inevitable que la deriva comunista que adquirió de forma inequívoca la revolución cubana a partir de 1961 condujera, inexorablemente, a una rápida ruptura entre la Iglesia Católica y el nuevo Estado, surgido de la revolución.

Ya en agosto de 1960 los obispos de Cuba habían hecho pública una pastoral en la que, aunque se identificaban con las reformas sociales que “respetando los legítimos derechos de todos los ciudadanos, tienden a mejorar la situación social, económica y educacional de los más necesitados”, insistían en la creencia de que el catolicismo y el marxismo representaban dos concepciones del mundo totalmente irreconciliables⁴:

Condenamos el comunismo porque es esencialmente una doctrina materialista y atea y porque los gobiernos que por ella se guían, figuran entre los peores enemigos que han conocido la Iglesia y la humanidad en toda su historia. Afirmando engañosamente que profesan el más absoluto respeto a todas las religiones, van poco a poco destruyendo en cada país, todas las obras sociales, caritativas, educacionales y apostólicas de la Iglesia, y desorganizándola por dentro al mandar a la cárcel, con los más variados pretextos, a los obispos y sacerdotes más celosos y activos. Condenamos también el comunismo porque es un sistema que niega brutalmente los derechos más fundamentales de la persona humana y establece en todos los países, un régimen dictatorial en que un pequeño grupo se impone por medio del terror policial a todos los ciudadanos (...) Por todo ello la Iglesia está hoy y estará siempre a favor de los humildes, pero no está, ni estará jamás con el comunismo. (Instrucción teológica pastoral, 1960, p. 16)

Los obispos cubanos expresaron también su temor ante lo que consideraban un excesivo acercamiento político e ideológico entre La Habana y Moscú. Efectivamente, tras las tensiones surgidas entre la Administración Eisenhower y el gobierno de Fidel Castro en 1959, el presidente soviético Nikita Kruschev supo aprovechar hábilmente la coyuntura para propiciar un alineamiento con el nuevo régimen cubano y atraer a su órbita de influencia a la Isla caribeña, situada a tan solo 150 kilómetros de la costa de Florida. En el texto de los obispos puede leerse lo siguiente:

En los últimos meses el gobierno de Cuba ha establecido estrechas relaciones comerciales, culturales y diplomáticas con los gobiernos de los principales países comunistas, y en especial con la Unión Soviética (….) Nos inquieta profundamente el hecho de que, con motivo de ello, haya habido periodistas gubernamentales, líderes sindicales y altas figuras del gobierno que hayan aplaudido calurosamente los sistemas de vida imperantes en esas naciones, y hayan sugerido en discursos pronunciados dentro y fuera de Cuba, la existencia de analogías entre las revoluciones sociales de esos países y la cubana. (Instrucción teológica pastoral, 1960, p. 17)

La pastoral fue rechazada por Fidel Castro que la calificó de “injerencia contrarrevolucionaria” y con estas discrepancias se iniciaba una escalada de tensiones que culminó con la expulsión, en septiembre de 1961, de 142 sacerdotes católicos de la Isla. En poco tiempo el clero cubano sufrió una drástica reducción, ya que el miedo a las represalias bajo el recuerdo de lo acontecido durante la Guerra Civil española, también provocó un éxodo masivo de religiosos a diversas partes del mundo. Por otra parte, en virtud de la nueva ley sobre la educación, todos los colegios privados pasaron a ser propiedad del Estado, lo que afectó fundamentalmente a los centros de enseñanza católicos, al ser éstos los más numerosos. De esta forma la Iglesia vería diezmado el patrimonio en la Isla al sufrir la confiscación de sus bienes y quedar desvinculada de la enseñanza, al tiempo que se resignaba a perder, bajo prohibición gubernamental, algunas de sus principales tradiciones, como la celebración de la Semana Santa y la Navidad. Nos encontramos por lo tanto ante un catolicismo debilitado, con un clero reducido, desvinculado de la educación y desprovisto de su patrimonio y de sus tradiciones.

Con el trasfondo de las discrepancias entre la Iglesia y el Estado en Cuba, en 1962, bajo el pontificado de Juan XXIII, se iniciaban los trabajos del Concilio Vaticano II. Contrariamente a lo que parecía vislumbrarse, en el documento Gadiun et Spes en el que la Iglesia trataba de definir sus relaciones con el mundo, se eludía cualquier forma de condena al comunismo y se aceptaba además el diálogo interreligioso y entre comunismo y marxismo. Una nueva perspectiva parecía abrirse para Cuba, país cuyo máximo dirigente había declarado ser marxista leninista y en el que cohabitaban distintas religiones debido a las grandes transformaciones sociales producidas en la Isla a lo largo de su historia, sin embargo, el gobierno de La Habana lejos de acercar posiciones con la jerarquía católica siguió profundizando en la brecha existente entre las dos instituciones.

En consonancia con el distanciamiento entre la Iglesia y el gobierno cubano en el ordenamiento jurídico del nuevo régimen, se adoptaron numerosas medidas que perjudicaban a los creyentes, así miles de ciudadanos se vieron obligados a ocultar su fe para no ser víctimas de las represalias gubernamentales. Se inició entonces el período denominado por Philippe Letrilliart “la época del silencio” (Letrilliart, 1998, p.14), caracterizada por una iglesia debilitada que aunque se esforzaba por mantener su influencia en la sociedad, carecía de los medios adecuados para lograrlo.

Durante este período se produjeron tres momentos claves en los que se adoptaron normas perjudiciales para las distintas religiones que cohabitan en la Isla, pero fundamentalmente para la católica, por su clara oposición al régimen. El Primero momento en 1965, al quedar constituido oficialmente el Partido Comunista de Cuba cuyos estatutos establecían que el acceso a sus filas solo podría realizarse sobre la base del respeto: “a los principios del antiimperialismo y del patriotismo, y a la fidelidad al socialismo y al comunismo, como vía de alcanzar la igualdad plena de la sociedad”. (Primer Congreso PCC, 1965). Los gobernantes cubanos manifestaron estar convencidos de que todo ello era incompatible con los principios y valores que propugnaba el catolicismo y no dudaron en hacer públicas muestras evidentes de un ateísmo militante (Fernández Santelices, 1984).

El segundo momento, una década después, el primer congreso oficial del Partido Comunista Cubano estableció en su programa, bajo el título “Resoluciones sobre la política, en relación con la religión, la Iglesia y los creyentes” (Plataforma Pragmática del Partido Comunista de Cuba, 1976, p 99), que, aunque efectivamente la religión podía interpretarse como una forma de conciencia social, se caracterizaba “por aportar a los creyentes una visión totalmente errónea y tergiversada de la realidad” (Ibíd.).

Tras la convocatoria del primer congreso del Partido Comunista se promulgó la Constitución cubana de 1976, cuyo texto iba precedido de un amplio preámbulo en el cual se rendía homenaje a José Martí y a Karl Marx, se resaltaba la importancia del internacionalismo proletario, especialmente, “la amistad fraternal, la ayuda y la cooperación de la Unión Soviética y otros países socialistas” (…) “la solidaridad de los trabajadores y los pueblos de América Latina y el mundo” (Constitución de la República de Cuba, 1976). El artículo 54, establecía la libertad de culto, estipulaba que el gobierno regularía todas las actividades de las instituciones religiosas y enfatizaba, además, la ilegalidad de “oponer la fe o la creencia religiosa a la revolución, a la educación o al cumplimiento de los deberes de trabajar, defender la patria con armas, reverenciar símbolos o los demás deberes establecidos por la Constitución”. (Ibíd.)

En materia educativa, el artículo 38, señalaba que el Estado fundamentaba su política educacional y cultural en la concepción científica del mundo, establecida y desarrollada por el marxismo leninismo y en promover la formación comunista de las nuevas generaciones. (Ibíd.) Por su parte el artículo 39, insistía en la misma línea al manifestar que la educación de la niñez y la juventud en el espíritu comunista era deber de toda la sociedad (Ibíd.). En definitiva el texto constitucional reafirmaba el carácter ateo del Estado.

Obviamente, los postulados recogidos en la nueva Constitución no contribuyeron a acercar posiciones entre los obispos cubanos y el gobierno, pero sorprendentemente, y el tercer momento clave, al año siguiente de promulgarse la nueva Carta Magna y a pesar de sus preceptos en materia religiosa, Fidel Castro afirmó durante una Conferencia celebrada en Jamaica ante líderes de distintas religiones de todo el mundo:

Ha llegado el momento de trabajar juntos para que cuando triunfe la idea política, no se quede atrás la idea religiosa y no se convierta en el enemigo del cambio (…) tenemos que celebrar una alianza entre la religión y el socialismo, entre la religión y la revolución. (Gómez Treto, 1988, p. 6)

Dos años más tarde se produjo el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Una de las consignas del Frente Sandinista de Liberación Nacional para su victoria había sido: “entre fe y revolución, no hay contradicción” (Vaisse, 1993, pp. 55-69). El clero cubano y los gobernantes de La Habana pudieron contemplar entonces una realidad política en la cual Iglesia y revolución podían coexistir pacíficamente, sin enfrentamientos⁵.

En 1986 la Iglesia Católica dio el primer paso hacia el entendimiento con el gobierno, al convocar el denominado Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC), con el objetivo de elaborar las nuevas líneas pastorales a seguir. El Encuentro marcó un punto de inflexión que puso de manifiesto la capacidad de reconciliación de la Iglesia Católica, en el contexto de un sistema político que le negaba sus derechos. Fruto de esta reunión los obispos cubanos hicieron público un documento final, en el cual reconocían los esfuerzos realizados por el gobierno para proporcionar a todos los ciudadanos derechos esenciales como el derecho a la educación y a la asistencia sanitaria; pero al tiempo que valoraban los considerados por el régimen “principales triunfos” de la revolución, también ponían especial énfasis en “las restricciones a la libertad religiosa y a otras libertades públicas” (ENEC, 2005, p. 7). Estas afirmaciones no impidieron que en los círculos oficiales se tuviera la percepción, de que “existía en la Iglesia una actitud de entendimiento hacia el proyecto socialista impulsado por el Estado” (Ramírez Calzadilla, 2000, p. 82). El Encuentro Eclesial sirvió, por una parte, para incrementar la presencia de la Iglesia en la sociedad y, por otra, para modificar las relaciones con el Estado e iniciar un proceso de acercamiento paulatino entre las dos instituciones.

En el año 1991, el fin de la Guerra Fría marcó otro importante punto de inflexión en las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Cuba, ya que a partir de ese momento el gobierno de La Habana decidió acometer una serie de reformas constitucionales para mejorar sus relaciones con la Iglesia Católica, tratando de evitar así situaciones análogas a las producidas en Europa del Este, que pusieran en riesgo su liderazgo. En el V Congreso del Partido Comunista Cubano celebrado en 1991, se eliminaron de sus estatutos todas aquellas restricciones que impedían a los creyentes ingresar en el partido. Poco tiempo después, la Asamblea Nacional del Poder Popular se vio obligada a ratificar una serie de reformas constitucionales propuestas por Fidel Castro tras el desmembramiento de la Unión Soviética, considerada hasta ese momento en el ordenamiento jurídico cubano el baluarte del comunismo a escala mundial.

En las modificaciones constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1992, se establecía la libertad religiosa en Cuba y la separación entre la Iglesia y el Estado: “El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. En la República de Cuba, las instituciones religiosas están separadas del Estado. Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración". (Artículo 8). En esta línea se estipulaba también que: “la discriminación por razón de raza, color de piel, sexo, origen nacional y creencias religiosas está proscrita y será sancionada por la ley” (Artículo 42). Finalmente, se señalaba que todos los ciudadanos, sin discriminación de ningún tipo, incluida la discriminación por motivos religiosos, podrían tener acceso:

… según méritos y capacidades, a todos los cargos y empleos del Estado, de la Administración Pública, de la producción y la prestación de servicios. Pueden ascender también a todas las jerarquías de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de la seguridad y orden interior, según méritos y capacidades y percibir salario igual por trabajo igual. (Artículo 43) ⁶.

En resumen, el Gobierno de Fidel Castro reconocía la separación entre la Iglesia y el Estado, e introducía en el ordenamiento jurídico cubano la libertad religiosa y, por lo tanto, la no discriminación por motivos religiosos.

Este clima de mayor apertura en el ámbito religioso facilitó la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba en 1998. En las homilías pronunciadas durante los cinco días que permaneció en la Isla, el Sumo Pontífice además de referirse a cuestiones religiosas, como la necesidad de abolir el aborto por ser Cuba el único país de América Latina en el cual estaba legalizado o la necesidad de permitir la implantación de colegios católicos, también mencionó algunos temas sensibles ya que abogó por la libertad de prensa, de expresión y por la liberación de todos los presos políticos, algo que hasta ese momento no había hecho públicamente ningún mandatario al visitar Cuba. También, Juan Pablo II pronunció su famosa frase “Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba” y solicitó al gobierno durante la misa celebrada en la Plaza de la Revolución de La Habana “la adopción de una legislación adecuada que permitiera a cada persona y a cada confesión religiosa expresar libremente su fe, en todos los ámbitos de la vida pública”. (Juan Pablo II, 1998, p.2).

La visita del papa Juan Pablo II puso a prueba la capacidad de diálogo entre la Iglesia y el Estado a través de los dos organismos encargados de preparar el evento, la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Los contactos entre ambas instituciones sirvieron para sentar las bases de un importante precedente de entendimiento y consenso, y las concesiones sobre asuntos religiosos conseguidas por Karol Wojtyla en 1998, facilitaron el camino para el actual diálogo entre la jerarquía católica y el gobierno, si bien es cierto que en los años transcurridos desde entonces la Iglesia Católica cubana ha vivido momentos de protagonismo junto a otros de pérdida de influencia según las circunstancias internas del régimen.

Con la llegada de Raúl Castro a la presidencia de la República, la Iglesia Católica ha obtenido el estatus de interlocutora interna del régimen y el diálogo Iglesia Estado ha trascendido los temas de índole religiosa permitiendo a miembros de ambas instituciones debatir sobre temas de interés nacional⁷.

LA IGLESIA CATÓLICA ANTE LA SOCIEDAD

En primer lugar, conviene hacer una matización entre los términos “sociedad” y “sociedad civil” ya que a veces suelen utilizarse como sinónimos incurriendo con frecuencia en errores conceptuales. El término sociedad puede aplicarse al conjunto de individuos que componen un Estado y desde esta óptica pueden ser clasificados teniendo en cuenta variables objetivas (edad, sexo, condición social, profesión, etc.), mientras el término “sociedad civil” es más complejo desde el punto de vista conceptual y sus definiciones, cargadas a veces de matices ideológicos, pueden llevar a confusión. Las relaciones de la Iglesia Católica respecto a la sociedad y a la sociedad civil son de diferente naturaleza como veremos. Una definición acertada de sociedad civil es la que nos ofrecen Oxhorn y Dilla que la describen como:

El tejido social formado por una multiplicidad de unidades heterogéneas en sus composiciones sociales y metas, que coexisten en escenarios de conflictos, negociaciones y acuerdos, y resisten colectivamente la subordinación al Estado, al mismo tiempo que demandan su inclusión en las estructuras políticas existentes. La sociedad civil es vista así como una interacción de grupos que conforman nuevas relaciones de poder o afectan a las existentes, sea consolidándolas o erosionándolas” (1999, pp. 129-148).

Lo fundamental, por lo tanto, es que la sociedad civil preserve su independencia frente al Estado rechazando la subordinación a éste, aunque entre ambos actores, tal y como señala Evans, “pueden existir relaciones fluidas y de mutuo reforzamiento en función de la existencia de espacios democráticos” (1997, p.55). Para Oxhorn se trata además:

…de un proceso continúo entre diferentes segmentos sociales que se organizan e interactúan unos con otros y con el Estado. Ello permite a los diferentes grupos y particularmente a aquellos en desventaja social y política obtener capacidad para influir en los resultados políticos y contribuir a la emergencia de un modelo alternativo. (1997, pp. 167-233).

Para este autor la fortaleza de la sociedad civil depende no solo de su diferenciación respecto al Estado, sino también del grado de la distribución del poder económico, político, ideológico y coercitivo que exista en la sociedad. Cuanto más plural sea un Estado, mayores serán las posibilidades de desarrollo de una verdadera sociedad civil.

Partiendo de estas premisas y circunscribiéndonos al caso cubano podemos afirmar que por las características totalitarias del régimen, en los más de 50 años transcurridos desde el triunfo de la revolución castrista los ciudadanos han carecido de los espacios necesarios para el desarrollo de una auténtica sociedad civil. De hecho con la llegada de Fidel Castro al poder, a pesar de sus promesas realizadas desde Sierra Maestra en el sentido de instauración democrática en el caso de derrocamiento del dictador Batista, la mayor parte de las organizaciones sociales existentes en aquel momento fueron proclamas ilegales por el nuevo régimen, bien por sus vínculos con la dictadura de Fulgencio Batista o bien por sus actitudes “contrarrevolucionarias”. Por el contrario, se privilegiaron y se crearon multitud de organizaciones sociales que contribuyeron a reforzar los objetivos revolucionarios.

En la actualidad existen en la Isla más de 2000 organizaciones sociales que deben ser inscritas legalmente en el Ministerio de Justicia, previa aprobación de dos organismos estatales. Destacan entre las mismas las denominadas Organizaciones Sociales de Masas (OSM) que han actuado durante muchos años como meras correas de transmisión entre el Estado y sus asociados. Forman parte de este grupo la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) o los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que realizan las funciones de policía política del régimen. También se incluyen entre las organizaciones de masas las asociaciones estudiantiles y las profesionales (de periodistas, de escritores, de economistas etc.), que han adquirido en los últimos años un mayor grado de autonomía respecto al Estado, sobre todo aquellas relacionadas directamente con la intelectualidad y ciertos círculos académicos.

Por otra parte y al margen de las OSM, encontramos las asociaciones fraternales en las que se inscriben las Logias masónicas, las culturales y deportivas y las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, que han mostrado con frecuencia su rechazo hacia el excesivo tutelaje del Estado sobre su funcionamiento y objetivos. Las cooperativas de agricultores que cultivan la tierra en régimen de usufructo tras la entrada en vigor de La Ley de Trabajo Individual en 1994, también forman parte de este entramado de organizaciones sociales del régimen y podrían constituir un verdadero germen de sociedad civil si disfrutaran de un grado de independencia que les permitiera desarrollar su trabajo sin tener que limitar su actuación a las directrices del gobierno y del partido⁸.

Algunas de las asociaciones mencionadas proliferaron en la Isla en la década de los años noventa del pasado siglo, cuando el gobierno cubano para sacar al país de la crisis que lo atenazaba tras el desmembramiento de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas y los procesos democratizadores de Europa del Este decidió, realizar una serie de reformas económicas, que provocaron la irrupción de nuevos actores en la sociedad. Algunos académicos de Cuba comenzaron a utilizar sin ambages el término “sociedad civil”, mientras el gobierno se refería a la “sociedad civil socialista” para dejar claro que no iban a permitir discordancias que pusieran en riesgo su liderazgo, conscientes de que los inicios de muchos procesos democratizadores partieron de proclamas reivindicativas de movimientos sociales. Desde este punto de vista podemos afirmar que frente a la sociedad civil oficial y al margen de las organizaciones religiosas que por su misión evangélica rechazan ser consideradas parte de la misma, “la disidencia constituye el único fundamento de una posible sociedad civil en Cuba” (Letrelliart, 2005, p. 2).

Teniendo en cuenta el panorama descrito, ¿qué lugar ocupa la iglesia Católica en medio de este entramado social? ¿Cuál es su papel frente a la sociedad y a las organizaciones oficiales y disidentes?

En cuanto a la sociedad en general, dejando al margen los movimientos sociales de distinta índole, opositores o pro gubernamentales, que operan en Cuba, el papel de la Iglesia Católica no ha cambiado en lo esencial, aunque su misión, lógicamente, se ha visto condicionada en gran medida por las relaciones cíclicas con el régimen y las facilidades o dificultades otorgadas por éste, en función de la naturaleza de las mismas.

Como manifiesta González Maderos, cuando triunfó la revolución en 1959, “la Iglesia Católica contaba ya con varios espacios de inserción social, que le permitían incidir y ser tomada en cuenta en el espacio público” (2004, p.7). El principal nexo de unión entre la jerarquía católica de la Isla y los revolucionarios que derrocaron a Batista en los inicios del nuevo régimen fue el papel que unos y otros otorgaban a la sociedad, al coincidir en el anhelo de devolver al pueblo las libertades perdidas durante el período dictatorial. Sin embargo, la ruptura entre la Iglesia y el Estado producida en 1960 privó a la Iglesia de los espacios públicos de los que gozaba tras siglos de arraigo en el país. Los estatutos del Partido Comunista Cubano constituido oficialmente en 1965 abrieron una gran brecha entre la Iglesia Católica y la sociedad, ya que al establecer como obligación de los militantes “luchar contra el oscurantismo religioso”, muchos católicos se vieron obligados a ocultar su fe para no ser víctimas de las represalias gubernamentales. El fin del ateísmo oficial del Estado acaecido en 1992 tras la reforma constitucional que estableció la libertad religiosa en Cuba, permitió a la Iglesia abrir nuevos cauces en sus relaciones con la sociedad. Desde entonces, la jerarquía católica ha tratado de acompañar al pueblo cubano en los momentos difíciles a los que se ha enfrentado el país tras el colapso del bloque soviético.

Podemos afirmar, por lo tanto, que mientras las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado han atravesado momentos de enfrentamiento y ruptura desde el triunfo de la revolución en 1959, no ha ocurrido lo mismo con las relaciones entre la Iglesia y la sociedad, aunque éstas han estado supeditadas a los cambios sufridos por el propio régimen, el pueblo cubano por lo general valora positivamente la labor desempeñada por el clero católico, especialmente en circunstancias adversas como las vividas durante la crisis económica que sacudió al país en la década de los noventa del siglo pasado o durante la ola represiva del 2003, la denominada “primavera negra", que se saldó con la detención de 75 disidentes, algunos de los cuales fueron condenados apenas de hasta 28 años de prisión. En ambas ocasiones, los obispos cubanos alzaron su voz para mostrar su proximidad a la ciudadanía.

En cuanto a la crisis de los años noventa, durante esa década la falta de alimentos, de repuestos para el transporte, de materias primas y de otros productos procedentes del bloque comunista se convirtió en la mayor preocupación de los cubanos. El transporte público se colapsaba con frecuencia por falta de repuestos y combustible y la población tenía que soportar cortes continuos en el suministro eléctrico. El gobierno, por su parte, trataba de paliar la falta de alimentos mediante la distribución de cartillas de racionamiento, que otorgaban escasos productos y de mala calidad. En el período comprendido entre 1989 y 1993, Cuba sufrió una caída de su producto interior bruto del 35 por ciento.

Como consecuencia de la situación anteriormente descrita, durante este período la jerarquía eclesiástica de la Isla además de aportar a la sociedad la asistencia pastoral propia de su ministerio incrementó su apoyo material. En los años noventa comenzaron a llegar a Cuba religiosos procedentes de América Latina y España para servir a la Iglesia. Realizaban tareas humanitarias, como la distribución de alimentos y medicinas en las zonas rurales más deprimidas. La labor asistencial de la Iglesia se artículo a través de la organización católica Caritas Cuba creada con el beneplácito del gobierno en el año 1991. Llegó a contar con unos 14.000 voluntarios repartidos por toda la Isla que aportaron asistencia a unas 30.000 personas. Se nutría fundamentalmente de fondos procedentes de la Unión Europea y la ayuda proporcionada consistió en la distribución de medicinas, alimentos y artículos de primera necesidad.

En el contexto de la situación descrita de penuria económica generalizada y desesperanza, los obispos de Cuba quisieron hacer oír su voz mediante la publicación de la pastoral “El amor todo lo espera” en el año 1993, en la que instaban al gobierno a seguir nuevos caminos para solucionar los problemas que atenazaban a la población y abogaban por un “diálogo interno”, para afrontar la crisis. Como en el documento final del Encuentro Nacional Eclesial Cubano de 1986, los obispos volvían a destacar los esfuerzos del gobierno “para promover la salud, la instrucción y la seguridad social” (Instrucción teológica pastoral, 1993, p.1). En el texto, la jerarquía eclesiástica analizaba las principales dificultades que a su juicio eran fuente de sufrimiento para la sociedad, como la crisis económica, la concepción ideológica excluyente o el deterioro cívico y moral y trataba de aportar soluciones a estos problemas (Pestaño Fernández, 2009)

Si bien la pastoral tuvo buena acogida por parte de la población que mostró interés por conocer la opinión de los obispos sobre la situación que atravesaba el país, la prensa oficial criticó fuertemente la posición de la Iglesia, al interpretarla como un alineamiento con la política estadounidense en un momento en el que la Administración Clinton acababa de endurecer el embargo comercial a Cuba mediante la adopción de la Ley Torricelli⁹. En cuanto a las autoridades del régimen consideraron la publicación de la pastoral como un acto de “alta traición” por la referencia en el documento a la necesidad de establecer un “diálogo interno” para sacar al país de la crisis que lo atenazaba. Por aquellos días, los analistas de política internacional se referían con frecuencia al “efecto dominó”, como a un fenómeno inevitable que acabaría derrocando a los regímenes comunistas de todo el mundo y Fidel Castro interpretó que lo que pretendían los obispos cubanos con su propuesta era constituir una mesa de diálogo, en la que pudieran sentarse diferentes grupos sociales y políticos, con el fin de establecer una especie de gobierno de transición. Paradójicamente, un año después de la publicación de la pastoral, Fidel Castro comprendió la necesidad de acometer una serie de reformas económicas para tratar de paliar la dura crisis que atravesaba el país y los obispos cubanos pudieron observar, no sin cierta perplejidad, como algunas de sus propuestas fuertemente criticadas por el régimen se ponían en práctica.

Diez años más tarde, la ola represiva del 2003 llevó a los obispos cubanos a publicar una nueva pastoral “La presencia social de la Iglesia”, que sigue constituyendo hoy día la hoja de ruta que aplica la Iglesia Católica en sus relaciones con el gobierno. En ella la jerarquía eclesiástica trata de definir qué puede aportar la Iglesia a la sociedad y como han de desarrollarse sus relaciones con el Estado. En cuanto a su papel en la sociedad se alzan en conciencia ciudadana al reivindicar el respeto de los “derechos humanos más elementales”, como el derecho a la vida, a la libertad de expresión y a la participación social y política, pero al tiempo que denuncian implícitamente la vulneración de los derechos humanos por parte de las autoridades gubernamentales, expresan su deseo de reconciliación y la necesidad de establecer un diálogo con el Estado (Instrucción teológica pastoral, 2003, p.3). Los obispos expresan también su percepción de que en Cuba subsiste una lucha sutil contra la Iglesia, tratándola “como una entidad que puede sustraer fuerzas o energía a la revolución”. En este contexto hacen un llamamiento a la Oficina para la Atención a los Asuntos Religiosos, adscrita al Comité Central del Partido Comunista, para que posibilite, mediante el diálogo “la revisión y solución de asuntos de interés común” (Instrucción teológico pastoral 2003, p.8). Este deseo de la jerarquía católica se materializó en el año 2010, al iniciar conversaciones con Raúl Castro para la liberación de presos políticos.

En cuanto a las relaciones de la Iglesia Católica con la “sociedad civil”, los obispos de Cuba tratan de situarse al margen de ella porque consideran que su misión evangelizadora les obliga a ser neutrales en este ámbito, aunque admiten que no pueden permanecer indiferentes “a los problemas del pueblo cubano, a sus dificultades, carencias y angustias, ni ante la falta de libertad del hombre” (Instrucción teológico pastoral, 2003, p.5). En este sentido, una parte de la disidencia rechaza la neutralidad propugnada por la jerarquía eclesial y la acusa de dejarse “domesticar” por el gobierno y de no utilizar su capacidad de influencia para propiciar un cambio de régimen.

Para Orlando Márquez, director de la revista Palabra Nueva de la Archidiócesis de La Habana, “no se puede ver a la Iglesia Católica como a un partido de oposición, ni como a una institución encargada de llenar el vacío de sociedad civil independiente que existe en Cuba” (Létrelliart, 2005, p. 11). Por otra parte, en la pastoral “La presencia social de la Iglesia” los obispos de Cuba manifiestan que la Iglesia no puede formar parte de la sociedad civil ya que “al ser de origen divino, no es equiparable a ningún otro elemento de la sociedad”. Si admiten, sin embargo, que partiendo de su naturaleza divina, la Iglesia “puede ayudar a mejorarla” (Instrucción teológica pastoral 2003, p.7) y de hecho la jerarquía católica de la Isla ha contribuido a ello en los últimos años, ya que no solo ha aportado a la población la asistencia pastoral propia de su ministerio y apoyo material en los momentos de crisis, sino también un importante apoyo formativo que ha contribuido a fomentar la conciencia ciudadana entre los cubanos.

Uno de los primeros centros que trató de contribuir a la preparación del post castrismo fue el Centro Cívico Religioso de Pinar del Río, dirigido en sus orígenes por Dagoberto Valdés. Su revista Vitral, con una tirada de 5000 ejemplares, contribuyó a fortalecer la conciencia ciudadana mediante la publicación en sus páginas de temas de interés político. En el centro se impartían además cursos de información jurídica y seminarios sobre temas diversos como Derechos Humanos, Economía y Sociedad. También fue importante la labor desempeñada por el Centro Bartolomé de las Casas de La Habana, en el cual se celebraron numerosos debates, con títulos como “Cuba y la Mundialización” o “Ateísmo y religión”, en algunos incluso participaron intelectuales próximos al régimen. Aparte de los centros mencionados, numerosas organizaciones laicas comenzaron a impartir, en la década de los noventa, cursos y talleres sobre informática, idiomas, Ciencias Políticas, Periodismo, Economía y Derechos Humanos entre otros (Letrelliart, 2007, p.8)

Podemos afirmar, por lo tanto, que la labor que desempeña la Iglesia Católica ha contribuido al fomento de la sociedad civil al poseer, además de templos, importantes redes asociativas que abarcan todo el país, destacando entre ellas los centros de asistencia social y los de formación cívico religiosa. Por otra parte, sus publicaciones impresas y electrónicas llegan, según fuentes de la propia iglesia, a medio millón de cubanos. Y, todo ello, dentro de una estructura organizativa muy sólida que se articula a través de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC).

EL PAPEL DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL FUTURO DE CUBA

Con la llegada de Raúl Castro a la presidencia de la República, de forma interina en 2006, y oficialmente en 2008 al renunciar Fidel a todos sus cargos oficiales, las relaciones entre la Iglesia y el Estado entraron en una nueva fase en la que el diálogo entre las dos instituciones ha trascendido los temas de índole religiosa y ha implicado el reconocimiento oficial de la jerarquía católica como legítima interlocutora del régimen. Desde entonces, la Iglesia Católica debe mantener un difícil equilibrio entre aquellos que la acusan de conveniencia con el gobierno y la prudencia a la que está obligada si quiere mantener el diálogo institucional.

Ya en el año 2006 al iniciar Raúl Castro su presidencia interina, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC), hizo pública una declaración en la que pedían a los fieles su oración por Fidel Castro, que se encontraba convaleciente tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica y rogaban a Dios que “ante los momentos difíciles que vive nuestra patria, nada pueda perturbar el bien superior de la paz” (Comisión permanente de la COCC, 2006, p.1). Poco antes, la jerarquía católica había presentado su plan pastoral 2006-2010 bajo el lema “Construimos juntos el futuro”, con el objetivo de: “colaborar en la transformación de nuestra sociedad y posibilitar la esperanza” (Plan Pastoral, 2006-2010, p.1)

Tras su toma de posesión en junio del 2006, con el fin de aclarar las expectativas sobre una posible deriva reformista, el nuevo presidente quiso dejar claro que no se realizarían cambios sustanciales en la configuración política del régimen, sin embargo, en 2007 pidió a los dirigentes de las empresas estatales, funcionarios y secretarios provinciales del Partido Comunista, que le enviaran críticas sobre los aspectos negativos del mismo. Poco tiempo después, Raúl Castro invitó a todos los ciudadanos cubanos a enviarle sus opiniones. Los obispos de Cuba en su mensaje de Navidad, no dudaron en valorar positivamente que “las más altas autoridades del país hayan invitado a trabajadores, estudiantes y pueblo en general a debatir los problemas más urgentes de toda índole que afectan a nuestro pueblo” y enfatizaban que “la Iglesia Católica, como parte del pueblo ofrece su oración y su contribución, para que se encuentren soluciones reales y eficaces que favorezcan caminos de esperanza” (Declaración de los obispos de Cuba, 2007, p.1).

Algo parecía estar cambiando en Cuba, pues catorce años antes la petición de “diálogo interno” por parte de los obispos cubanos en su pastoral, “El amor todo lo espera”, había provocado suspicacias en las altas instancias del régimen, con el consiguiente enfriamiento en las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado.

Cuando había transcurrido poco tiempo desde la declaración de la jerarquía católica algunos grupos disidentes comenzaron a cuestionar la independencia de la Iglesia frente al Estado, al ser relevados de sus archidiócesis dos de los obispos más críticos con las políticas gubernamentales: Pedro Maurice de Santiago de Cuba y Jorge Siro de Pinar del Río, donde se edita la revista Vitral que inicialmente se destacó por su línea contestataria. Su sucesor en la diócesis, Jorge Serpa, entró en clara confrontación con el director de la revista, Dagoberto Valdés, que se vio obligado a dimitir de su cargo por las discrepancias con el nuevo prelado. La publicación desapareció durante algún tiempo y cuando volvió a editarse lo hizo con una línea menos crítica, lo que fue considerado desde algunos sectores de la disidencia como una concesión de la Iglesia al gobierno que puso, además, en entredicho, los esfuerzos del régimen por ofrecer una imagen de mayor pluralismo. El argumento oficial para la sucesión de los dos obispos fue que habían cumplido los 75 años, edad de jubilación establecida por el Derecho Canónico, aunque esta norma se incumple con frecuencia¹⁰

El 19 de febrero del 2008, Fidel Castro anunció mediante un mensaje publicado en el diario Granma que renunciaba definitivamente a sus cargos oficiales (Castro, 2008, p.1). El día 24, la Asamblea Nacional del Poder Popular nombraba a Raúl Castro presidente del Consejo de Estado y por lo tanto nuevo presidente de la República. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, que teóricamente se encontraba en la Isla invitado por las autoridades para conmemorar el décimo aniversario del viaje de Juan Pablo II, fue el primer representante extranjero que se reunió con Raúl Castro y con el canciller Pérez Roque, quien manifestó al término de la reunión que existía una gran coincidencia de criterios entre la Santa Sede y el gobierno cubano en los principales asuntos de la política internacional. En esta línea Bertone se declaró contrario al embargo estadounidense y declinó reunirse con familiares de los presos políticos, en consonancia con lo exigido por el gobierno de La Habana a todos los mandatarios extranjeros que visitan la Isla.

Esta actitud fue reprobada por el Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) que acusó al cardenal “de excesiva complacencia con el gobierno”.Una parte de la disidencia, como el Partido Solidaridad Democrática (PSD) y la Corriente Socialista Democrática Cubana (CSDC), abogó también por que la Iglesia Católica se mostrara mucho más crítica hacia el régimen cuando parecían existir posibilidades reales de cambio. Para algunos sectores del catolicismo cubano, el Vaticano había condescendido con el gobierno de Raúl Castro a la espera de gestos positivos como la ampliación de la pastoral penitenciaria, y el acceso a la enseñanza y a los medios de comunicación. Al día siguiente del traspaso definitivo de poderes de Fidel a su hermano Raúl, la Conferencia de Obispos de Cuba emitía la siguiente declaración, recogida en el diario Granma:

En estos momentos nuestra oración se eleva para que la Asamblea Nacional del Poder Popular renovada, el Consejo de Estado y el nuevo presidente, reciban la luz de lo Alto para llevar adelante con decisión esas medidas trascendentales que sabemos deben ser progresivas, pero que pueden comenzar a satisfacer desde ahora las ansias e inquietudes expresadas por los cubanos. (Declaración de los obispos de Cuba, 2008, p.2)

De esta forma, la cúpula católica expresaba su apoyo al nuevo gobierno y manifestaba su anhelo de cambios graduales en el sistema castrista. En los cinco años transcurridos desde entonces, el ejecutivo cubano ha aplicado importantes reformas económicas y ha creado una relación menos centralizada entre el Estado y la sociedad. En febrero de 2013, el presidente Raúl Castro inició su segundo mandato presidencial y como balance del primero las autoridades gubernamentales han adoptado importantes medidas progresivas de índole económica y social que están comenzando a cambiar el escenario del país y que han sido aplaudidas por la Iglesia Católica, que en los últimos años se había mostrado partidaria de una mayor apertura por parte del régimen.

Las transformaciones en el ámbito político han sido muy limitadas. En abril de 2011 durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba el presidente Raúl Castro en un gesto inusual reconoció “la labor humanitaria de la Iglesia Católica y su aporte a los valores espirituales de la Nación” y anunció la limitación de los mandatos políticos y estatales a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años. Este cambio no pareció suficiente para algunos miembros de la jerarquía eclesiástica y poco más tarde coincidiendo con la confirmación oficial por parte del Vaticano del viaje oficial de Benedicto XVI a Cuba, el portavoz de la Archidiócesis de La Habana, Orlando Márquez, solicitó al gobierno a través de un artículo publicado en Palabra Nueva, que acelerara el ritmo de las reformas. Márquez no solo instó a las autoridades gubernamentales a emprender una actualización política acorde con las reformas económicas que se estaban llevando a cabo, sino que llegó incluso a criticar el Documento Base de la Primera Conferencia del Partido Comunista Cubano porque en su opinión carecía de una visión de futuro, de un espíritu de proyección a medio y largo plazo: “y parece más bien un intento de poner parches a los problemas del día a día y no una respuesta al reclamo de toda una sociedad que busca asideros para un mañana que se percibe incierto” (Márquez, 2012, p.8)

También, en febrero del 2013, en el marco de las reformas políticas propiciadas por el gobierno de La Habana, Miguel Díaz Canel, de 52 años, se convirtió en el número dos del régimen cubano al ser nombrado vicepresidente primero del Consejo de Estado en sustitución de Machado Ventura, de 82, un histórico del Partido Comunista que participó en la revolución junto a los hermanos Castro y Ernesto “Che” Guevara, por lo tanto, perteneciente al sector más ortodoxo del mismo e inicialmente, contrario a cualquier tipo de reformas. Tras el nombramiento de Díaz Canel, Raúl Castro manifestó que formaba parte de una estrategia encaminada a transferir, de forma paulatina, los principales cargos del gobierno y del Estado a las nuevas generaciones. Lo cual no deja de ser importante, teniendo en cuenta además que según establece la Constitución cubana en su artículo 94, en caso de muerte, enfermedad o ausencia del presidente del Consejo de Estado debe sustituirle automáticamente el vicepresidente primero. Miguel Díaz Canel, por lo tanto, se ha situado en la cúspide de la línea sucesoria del presidente Raúl Castro¹¹.

En cualquier caso, las reformas de mayor calado se han producido en el ámbito económico y de apertura social. En marzo de 2008 el gobierno suspendió la prohibición que impedía a los cubanos alojarse en hoteles reservados a los turistas y se autorizó la compra de ordenadores y móviles; tres años más tarde permitió la compraventa de vehículos y viviendas y adoptó una nueva política crediticia que posibilita la financiación bancaria en pesos cubanos para la rehabilitación de edificios y la realización de trabajo autónomo¹².

En el marco de la “actualización socialista” anunciada por Raúl Castro, en el año 2010 la iniciativa privada se amplió a 178 actividades y desde entonces se permite a los particulares contratar asalariados.¹³ Por otra parte, también se ha modificado la ley por la que se entrega la tierra en régimen de usufructo a los ciudadanos dispuestos a cultivarla, con el fin de paliar la escasez de alimentos y de reducir las importaciones en este ámbito, ya que se ha aumentado la extensión de las parcelas entregadas al tiempo que se ha posibilitado la construcción de viviendas en las mismas. Paralelamente, el gobierno ha aceptado la creación de cooperativas no estatales que estaban limitadas al sector agropecuario, ampliándolas a 47 actividades de trabajo privado.

Todas estas medidas han sido bien acogidas por la Iglesia Católica que las ha bendecido en sus habituales declaraciones institucionales teniendo en cuenta que venía reivindicando desde hacía tiempo cambios graduales en el sistema castrista. Como aspecto negativo de las reformas hay que mencionar una reducción de las plantillas estatales que implicará la expulsión de medio millón de funcionarios de sus trabajos, en un período de cinco años. Según fuentes del gobierno, en 2011 se eliminaron ya 140.000 empleos estatales y en 2012, 110.000. Sobre este hecho, los obispos cubanos han eludido realizar críticas al régimen.

En 2013, ha entrado en vigor la reforma migratoria que además de eliminar el permiso de salida para todos los cubanos incluidos los pertenecientes a grupos opositores, ha ampliado también de 11 a 24 meses el tiempo que se puede permanecer en el exterior y ha hecho posible la entrada temporal de emigrados, incluyendo a aquellos que abandonaron ilegalmente la Isla. En virtud de esta ley el gobierno ha permitido a representantes de la disidencia viajar al exterior, lo que lógicamente y como cabía esperar lo han aprovechado para promocionar sus propuestas y manifestar públicamente sus opiniones sobre la evolución del régimen¹⁴. Yoani Sánchez realizó una gira de tres meses que la llevó a España, Méjico, República Checa, Brasil y Estados Unidos. Otros disidentes que han salido al exterior han sido Berta Soler de las Damas de Blanco, Eliecer Ávila y Orlando Pardo. Ante las críticas pronunciadas fuera de Cuba, el gobierno cubano ha permanecido en silencio, quizás para no fomentar la crispación interior entre defensores y detractores de la disidencia política. La jerarquía católica de la Isla tampoco se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en un artículo aparecido en la revista de los laicos católicos cubanos Espacio Laical si se ha cuestionado la actitud de los disidentes por sus críticas en el exterior.

A pesar de las posibilidades surgidas en virtud de la nueva ley migratoria y aunque el gobierno ha aceptado llevar a cabo la “actualización” del modelo económico y ciertos cambios políticos, pretende mantener la cohesión ideológica a través del omnipresente Partido Comunista. En esta línea prosigue el control de los medios de comunicación y se dificulta el acceso a Internet mediante “problemas técnicos” y la limitación de los contenidos a los que tiene acceso la población. Por otra parte, aún persisten las normas punitivas del Código Penal aplicables a los opositores. Según el Informe de Amnistía Internacional sobre Cuba correspondiente al 2012, durante ese año se llevaron a cabo una media de 400 detenciones mensuales “de corta duración” aplicadas sobre todo a manifestantes pacíficos de grupos opositores, periodistas independientes y activistas de derechos humanos (Amnistía Internacional, 2013). En Cuba, por lo tanto, persiste la vulneración de tales derechos.

La muerte en prisión del preso político Orlando Zapata en febrero de 2010, fue el hecho que propicio la labor mediadora de la Iglesia Católica. El fallecimiento de Zapata tuvo un gran eco mediático en todo el mundo, por ser el primer disidente que moría en prisión, tras el fallecimiento, en 1972, del también opositor, Pedro Ruíz Roitel. Las negociaciones entre la Iglesia y el Estado culminaron con un acuerdo por el que los 52 detenidos durante la primavera negra que todavía se encontraban en prisión serían liberados. Pero el proceso de excarcelación se prolongó nueve meses, período durante el cual el gobierno siguió ejerciendo la represión contra los disidentes e incluso encarcelando a alguno de ellos. Este hecho provocó tensiones entre la Iglesia y el Estado, así como ciertas discrepancias en la jerarquía católica de la Isla.

En el mes de agosto del 2011, fueron fuertemente reprimidas las manifestaciones de protesta de las Damas de Blanco, en La Habana y en Santiago de Cuba. Tras los sucesos, dos representantes de la organización disidente fueron recibidas por el secretario del cardenal Ortega, Ramón Suárez y por el portavoz del arzobispado de La Habana, Orlando Márquez. El 5 de septiembre la Archidiócesis hizo pública una declaración manifestando que “la violencia de cualquier tipo, aplicada a personas indefensas no tiene ninguna justificación”. (Arquidiócesis de La Habana, 2011). El gobierno respondió que desde ningún centro de decisión nacional se había dado la orden de agredir a esas personas. El cardenal Jaime Ortega que se encontraba de visita en Madrid para asistir a las Jornadas Mundiales de la Juventud prefirió permanecer al margen de la polémica y en el mes de octubre presentó al Papa su renuncia al Arzobispado de La Habana al cumplir setenta y cinco años, tal y como establece el derecho canónico. Benedicto XVI, sin embargo, lo confirmó en su cargo al frente de la Archidiócesis. En este contexto, la visita que el Papa Benedicto XVI realizó a Cuba en marzo de 2012, contribuyó a consolidar el diálogo institucional entre el gobierno de Raúl Castro y la Iglesia Católica cubana, y reafirmó el papel de los obispos como interlocutores internos del régimen.

Tanto el Vaticano como la Iglesia local, quieren una transición pacífica en la Isla y para facilitarla, un clima de reconciliación que solo será posible manteniendo una actitud prudente ante las políticas gubernamentales. La intención del Vaticano de no incomodar a las autoridades cubanas se puso claramente de manifiesto cuando en su viaje a Cuba el papa Benedicto XVI guardó un discreto silencio tras el discurso de bienvenida pronunciado por el presidente Raúl Castro, en el que ensalzaba los triunfos de la revolución para justificar la pervivencia de su régimen. En cuanto a la Iglesia local, la actitud del arzobispo de La Habana, el cardenal Jaime Ortega, volvió a suscitar las críticas de los grupos opositores por una entrevista publicada en el periódico del Vaticano, L’Osservatore Romano, poco antes de la visita papal, en la que Ortega negó la existencia de presos políticos en Cuba (L’Oservatore Romano, 2012, p.4). Poco después llamaba a la policía para desalojar a un grupo de disidentes que había ocupado pacíficamente la Iglesia de Nuestra Señora de La Caridad de La Habana, contradiciendo claramente el papel tradicional de la Iglesia Católica como lugar de asilo para perseguidos políticos, que sin estar recogido en ninguna norma escrita si forma parte del derecho consuetudinario.

Con el nombramiento del jesuita argentino Jorge María Bergoglio como nuevo Papa en sustitución de Benedicto XVI, quizás se produzcan cambios en la cúpula de la Iglesia Católica cubana. Aunque su prioridad será propiciar en el interior de la Iglesia los cambios necesarios que le permitan salir de la crisis que padece por los escándalos de corrupción y pederastia, en el ámbito de su acción exterior la Santa Sede se enfrenta al desafío de frenar la pérdida de fieles en América Latina, tradicional bastión del catolicismo, frente a la vertiginosa proliferación de iglesias protestantes y evangélicas en países como Brasil o Cuba.

En la actualidad hay unos 700 millones de protestantes repartidos por todo el mundo, de los cuales 300 millones son pentecostales. Se calcula que en América Latina unas 800 personas dejan cada día la Iglesia Católica para unirse al pentecostalismo, que además de construir templos está invirtiendo ingentes cantidades de recursos en universidades y cadenas de televisión. Lo que caracteriza a este credo es la relación directa del individuo con Dios al margen de las “interferencias” del clero, de forma que cada persona individualmente considerada constituye en sí misma una Iglesia autónoma. El país en el que se concentra un mayor número de fieles es en Brasil con 15 millones (Chaupadre, 2013, p.20).

La aparición de este fenómeno, sin embargo, no es reciente. En la década de los años ochenta del siglo XX, tras el auge de la Teología de la Liberación en América Latina y el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, llegó a considerar al catolicismo como aliado del comunismo y, desde entonces, distintas administraciones estadounidenses se esforzaron por favorecer una nueva evangelización basada en Iglesias protestantes y evangelistas. Según manifiesta Jean Jacques Kourliandsky, si hace 40 años, “el 95 por ciento de latinoamericanos eran católicos, hoy el porcentaje ha bajado al 72 por ciento” (2013, p.60).

En este sentido la elección de un papa jesuita quizás responda, entre otros factores, a la estrategia de la Santa Sede de aplicar la Doctrina Social de la Iglesia Católica adaptándola a las realidades de cada región, para hacer frente a la pérdida de fieles en varios lugares del mundo, pero especialmente en América Latina. Recordemos que la Teología de la Liberación, que se nutrió básicamente de sacerdotes jesuitas, tuvo un gran arraigo en varios países latinoamericanos. Para algunos analistas de la realidad cubana, este hecho podría suponer un punto de encuentro entre el papa Francisco y el régimen castrista¹⁵.

En Cuba, sin embargo, no parece haber calado mucho el tema del nuevo papa. Sorprende el silencio de los medios oficiales sobre su elección. Ninguna alusión en Granma, ni tampoco ninguna “reflexión” de Fidel Castro al respecto en el diario oficial del régimen. Tan solo en Cubadebate, la página web oficial cuyo objetivo es combatir el “terrorismo mediático”, es decir neutralizar a la ciberdisidencia, se informa, sin entrar en análisis políticos o ideológicos del encuentro del Papa Francisco con las Abuelas de la Plaza de Mayo; con Angela Merkel y del hecho de que haya decidido desbloquear la beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero conocido como el “cura comunista”, abierta en 1997 y posteriormente interrumpida¹⁶.

En cuanto a la prensa religiosa, Vitral y Palabra Nueva destacaron las palabras pronunciadas por el cardenal Jorge María Bergoglio en la congregación de cardenales previa al cónclave que habría de elegir nuevo papa y que posteriormente entregó por escrito a Ortega a petición de éste. Espacio Laical destaca que la líder de las Damas de Blanco, fue recibida por el papa Francisco, tras haber sido invitada previamente por Benedicto XVI, y aprovecha la noticia para criticar a los disidentes que viajan por el mundo para solicitar que se mantengan las sanciones contra Cuba.

El tema de la elección del papa quizás haya pasado más desapercibido en Cuba que en otros países del mundo, por la cohabitación de numerosos credos en la Isla. La pregunta que surge en este contexto es la siguiente: ¿desea la Iglesia Católica un papel central en la sociedad cubana o simplemente recuperar su espacio en un escenario plural en el ámbito religioso?

Si las palabras pronunciadas por Juan Pablo II durante la misa celebrada la plaza de la Revolución de La Habana el 25 de enero de 1998 conservan su vigencia durante el pontificado de Jorge María Bergoglio, la respuesta estaría más relacionada con la segunda cuestión:

El Estado, lejos de todo fanatismo o secularismo extremo, debe promover un sereno clima social y una legislación adecuada que permita a cada persona y a cada confesión religiosa vivir libremente su fe, expresarla en los ámbitos de la vida pública y contar con los medios y espacios suficientes para aportar a la vida nacional sus riquezas espirituales, morales y cívicas (Juan Pablo II, 1998).

CONCLUSIONES

Como consecuencia de la crisis económica que padeció Cuba en la década de los noventa tras el colapso del bloque soviético, los ciudadanos cubanos se vieron obligados a dar prioridad a la obtención de los recursos necesarios para su subsistencia y las cuestiones políticas pasaron a un segundo plano, a pesar de la aparición de numerosos movimientos sociales. En este escenario, la Iglesia Católica emergió como un importante actor a tener en cuenta, ya que al poseer una estructura organizativa muy sólida pudo aportar a la población no solo la asistencia pastoral propia de su ministerio, sino también apoyo material y formativo.

Las medidas económicas adoptadas por el gobierno cubano en los últimos años, en el marco de una reforma gradual del sistema castrista, están provocando una profunda transformación de las estructuras de poder existentes y contribuyendo a la emergencia de una nueva sociedad civil con mayores espacios de actuación, aunque todo ello, lógicamente, dentro de los límites de un régimen autoritario. Las preguntas clave que surgen en este contexto y que se plantean con frecuencia en círculos académicos, tanto dentro como fuera de Cuba son las siguientes: ¿qué lugar debe ocupar en el sistema cubano la nueva sociedad civil que comienza a emerger con la aplicación de las reformas en curso y que se caracteriza por una mayor heterogeneidad de los actores que la componen? Y, por otra parte, ¿qué papel tiene que desempeñar la Iglesia Católica en la construcción de un futuro nacional aún incierto cuyas coordenadas no están todavía definidas, partiendo de su estatus de interlocutora interna del régimen otorgado por el gobierno de Raúl Castro?

En cuanto a la incipiente sociedad civil cubana, aunque debilitada por los más de 50 años de régimen revolucionario es una sociedad ilustrada y convenientemente formada para participar en un futuro en el que se pueda tener en cuenta su aportación. No olvidemos que uno de los mayores triunfos de la revolución ha sido la educación universal y gratuita para todos los cubanos, de modo que éstos poseen un alto nivel de instrucción. Por otra parte, el adoctrinamiento ideológico característico del sistema se está erosionando con el acceso a Internet y con la afluencia masiva de turistas, que al visitar la Isla cada año constituyen un importante nexo de unión con el mundo exterior. Con la reforma migratoria del 2013 y la eliminación del permiso de salida, los ciudadanos cubanos poseen además mayores posibilidades de romper su aislamiento físico e informativo.

En este escenario, la Iglesia Católica se enfrenta a cuatro problemas fundamentales: las discrepancias en el seno de su jerarquía en cuanto a las respuestas a determinadas actuaciones del gobierno, especialmente a aquellas relacionadas directamente con la represión; el desequilibrio en sus relaciones con el Estado y la sociedad, cuando en situaciones de enfrentamiento la balanza se inclina a favor de una de las partes en detrimento de la otra. La imposibilidad de llevar a cabo una labor mediadora entre el gobierno y la oposición, porque el primero no reconoce a la segunda y la proliferación de las iglesias protestantes y evangélicas son más acordes con la idiosincrasia del pueblo cubano, estos factores pueden restar protagonismo a la Iglesia Católica en la configuración de un futuro para el país, todavía incierto, pero que según los principios de su Doctrina Social de la Iglesia Católica debe basarse en la reconciliación entre cubanos.

Finalmente, como viene ocurriendo con otros actores internacionales en sus relaciones con el gobierno castrista al diseñar posibles estrategias para el momento en el que se inicie el proceso de transición hacia la democracia, la jerarquía católica de la Isla, no está teniendo en cuenta la posibilidad de que se produzca una ruptura promovida por la disidencia. Aunque al día de hoy no parece factible, si esto ocurriera, el catolicismo isleño e implícitamente, el Vaticano, habrían perdido la oportunidad histórica de convertirse en actores claves durante la transición a la democracia en Cuba.

BIBLIOGRAFÍA

AMNIESTY INTERNATIONAL. (2013). Annual report 2013 on cuba. Recuperado de: www.amnesty.org/es/region/cuba/report-2013

CASTRO, Raúl. (2012). Discurso de bienvenida al Papa Benedicto XVI, marzo de 2012.Recuperado de: www.cubam-inrex.cu

COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA DE OBISPOS CATÓLICOS DE CUBA (COCC) (2006, 3 de agosto). A todos los fieles católicos de Cuba. La Habana.

CONFERENCIA DE LOS OBISPOS CATÓLICOS DE CUBA (COCC) (2006), Plan Global Pastoral 2006-2010, Editorial Progreso, México.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA. (1979). Edición. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, La Habana.

CHAUPADRE, Aymeric (2013), “Geopolítica del catolicismo” Vanguardia/Dossier. p.20

DECLARACIÓN DE LOS OBISPOS DE CUBA. (2007, Diciembre). Recuperado de: www.iglesiacubana.org

DECLARACIÓN DE LOS OBISPOS DE CUBA (2008, Febrero). Recuperado de: www.iglesiacubana.org

DECLARACIÓN DE LOS OBISPOS DE CUBA. (2008, 25 de Febrero) Granma. La Habana

DILLA, Haroldo & OXHORN, Philip. (1999). Virtudes e infortunios de la sociedad civil en Cuba. Revista Mexicana de Sociología. Volumen 61. Número (4), pp. 129-148. IIS-UNAM, México,

EL ENEC. (2005). Una llamada a la encarnación. En Verdad y esperanza, La Habana, p. 17.

ENCUENTRO NACIONAL ECLESIAL CUBANO (ENEC), (2005), Documento Final, Tipografía Don Bosco de los Padres Salesianos, p. 17.

EVANS, Peter. (1997). State-Society Synergy: Government and Social Capital in Development, International and Area Studies. Berkeley.

GÓMEZ TRETO, Raúl. (1988). La Iglesia Católica durante la construcción del comunismo en Cuba. Centro de Información y Diálogo: “Augusto Cotto”, pp. 88-89. Matanzas, Cuba.

GONZÁLEZ MADERO, Lainier. (2011, abril-junio). La mediación de la Iglesia Católica en Cuba, Panel de la X Semana Social Católica. Vitral. Año VII. Volumen. 102, p.1.

INSTRUCCIÓN TEOLÓGICA PASTORAL DE LOS OBISPOS DE CUBA. (1960, julio-agosto), Boletín de las Provincias Eclesiásticas de las Provincias de Cuba. Año XLVIIII. La Habana.

INSTRUCCIÓN TEOLÓGICA PASTORAL. (1993). El amor todo lo espera. La Habana.

INSTRUCCIÓN TEOLÓGICA PASTORAL. (2003). La presencia social de la Iglesia, La Habana.

KOURLIANDSKY, Jean Jacques. (2013). América Latina, una persistente realidad de la Santa Sede. Vanguardia /dossier. p. 60

JUAN PABLO II. (1998, 25 de marzo). Homilía de La Habana. Viajes, discursos. Recuperado de: www.vatican.va

LÉTRILLIART, Philippe. (2005, marzo). L’Eglise catholique et la “societé civile” à Cuba. Les études du CERI, Número (113), pp. 3-41. Paris.

MÁRQUEZ Hidalgo, Orlando. (2010). Las relaciones Iglesia-Estado en la Cuba de Hoy. Palabra Nueva. Volumen (195), pp 1-10.

MÁRQUEZ HIDALGO, Orlando. (2012, Febrero). Opinión. Palabra Nueva. p. 10

NOTA DE PRENSA. ARQUIDIOCESIS DE LA HABANA.( 2011, 5 de septiembre) Recuperado de: www.arquidiocesisdelahabana.org

OXHORN, Philip (1997). Hacia un modelo alternativo de desarrollo para El Salvador: el papel de la sociedad civil. En K. Walter (Editor.) Gobernabilidad y desarrollo humano sostenible en El Salvador. (pp. 167-233). San Salvador: Fundación Centroamericana para el Desarrollo Humano Sostenible,

PARTIDO COMUNISTA DE CUBA. I Congreso. Sobre los estatutos del partido, 1965, p.1 Recuperado de: www.pcc.cu/

PATRICK, Michel. (1999). Religion, nation et pluralisme. Une réflexion fin de siècle. Critique Internationale. Número (3), pp. 79-97. Printemps.

PESTAÑO FERNÁNDEZ, Alexis. (2009). La relación entre la Iglesia y la Sociedad en Cuba. Espacio Laical. (Panel).

PLATAFORMA PRAGMÁTICA DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA. Tesis y Resoluciones. (1976). Ediciones. Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. p.99. La Habana,

RAMÍREZ CALZADILLA, Jorge. (2000). Religión y relaciones sociales. Un estudios sobre la significación sociopolítica de la religión en la sociedad cubana, ED. Academia, La Habana, p. 82.

SWEIG Julia & BUSTAMANTE Mikael. (2013, Julio-Agosto). Cuba after Communism. The Economic Reforms That Are Transforming the Island. Foreign Affairs. pp. 101-115.

URÍA, Ignacio. (2011). Iglesia y revolución en Cuba. Enrique Pérez Senantes (1883-1868). El Obispo que salvó a Fidel Castro. Ediciones Encuentro. Madrid.

VAISSE (1993) L’Europe et la crise de Cuba. Paris Armand Collins, pp.55-69.

1 Cuando se escribe este texto todavía no están claras las líneas del nuevo papa en sus relaciones con Cuba, aunque al recibir en audiencia a las Damas de Blanco en el Vaticano (la cita había sido concertada con anterioridad por Benedicto XVI) según manifestó la dirigente de este grupo de la disidencia, Berta Soler, el papa Francisco la animó a seguir en su lucha.

2 El doctor Gómez Treto, en una de las monografías más detalladas sobre las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado cubano desde el triunfo de la revolución hasta 1985, tituladaa Iglesia Católica durante la construcción del comunismo en Cuba”, establece varias fases en el desarrollo de las relaciones entre ambas instituciones: fase de desconcierto (1959-1960); de confrontación (1961-1962); de evasión (1963-1967); de reencuentro (1969-1978) y de diálogo (1979-1985). Posteriormente, el historiador Enrique López Oliva, partiendo del análisis de Treto añade las fases de adaptación (1986-1992); de reacomodo (1993-1997) marcada por el fin del ateísmo oficial y de segundo reencuentro (1998-2008).

3 En 1957, dos años del antes triunfo revolucionario, Fidel Castro hizo público su primer manifiesto político en Sierra Maestra. Los dos principales objetivos propugnados en su ideario: recuperar el control de la economía cubana (sometida a una excesiva relación de dependencia respecto a los Estados Unidos) y devolver al pueblo las libertades perdidas durante la dictadura de Fulgencio Batista. Eran, por lo tanto, anhelos, con los que podían identificarse gran parte de los cubanos.

4 Conviene recordar a este respecto uno de los párrafos de la Internacional Comunista: “No más salvadores supremos: ni césar, ni burgués, ni Dios, que nosotros mismos haremos nuestra propia redención”.

5 Más tarde, ya en la década de los ochenta, también se produjo un duro enfrentamiento entre líderes revolucionarios y la jerarquía de la Iglesia Católica nicaragüense. El papa Juan Pablo II se sumó a la disputa pidiendo a varios líderes revolucionarios que ocupaban cargos gubernamentales, como los sacerdotes Ernesto y Fernando Cardenal, que dimitieran de sus cargos públicos o renunciaran a su ordenación en la Iglesia Católica.

6 La modificaciones constitucionales de 1992 pueden consultarse en Cubaminrex, sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en el apartado “La religión en Cuba”, disponible en www.cubaminrex.cu

7 A este respecto Patrick Michel estable cuatro variables en las relaciones que pueden desarrollarse entre la Iglesia y el Estado en cualquier país del mundo: la religión contra la nación; la nación contra la religión; la religión al servicio de la nación y la nación al servicio de la religión. Según el autor la Iglesia cubana ha experimentado históricamente las dos primeras variables y en la actualidad se sitúa en la tercera.

8 Desde diciembre del 2012 el cooperativismo no estatal no solo se aplica al sector agropecuario, sino también a medio centenar de actividades económicas de trabajo privado.

9 La Ley Torricelli prohibía comerciar con Cuba a las filiales de multinacionales estadounidenses en el extranjero; establecía una moratoria de seis meses para atracar en puertos estadounidenses, a barcos mercantes que hubieran embarcado o desembarcado mercancías en puertos cubanos y decretaba la reducción o la retirada de ayuda financiera preferencial, a países que comerciaran con Cuba.

10 El cardenal Jaime Ortega sigue al frente de la Archidiócesis de La Habana, aunque cumplió 75 años en 2011.

11 Miguel Díaz Canel fue elegido miembro del Comité Central del Partido Comunista cubano en 1991 y el año 2003 pasó a formar parte de su Buró Político. En el período comprendido entre 2009 y 2012 ejerció como ministro de Educación Superior.

12 Estas medidas tan solo han beneficiado a los más privilegiados, ya que la mayoría de los cubanos debido al bajo nivel de sus salarios se han limitado a observar en la distancia el disfrute, por parte de una escasa minoría, de lo que consideran un lujo inaccesible.

13 En el año 1994 se adoptó en Cuba la denominada “Ley de Trabajo Individual” que permitía cierta iniciativa privada previa autorización oficial. Según datos oficiales, a finales del 2012 realizan un empleo autónomo alrededor de 400.000 cubanos y un 80 por ciento de ellos están ya sindicalizados.

14 Sobre las reformas llevadas a cabo hasta el momento por el gobierno de Raúl Castro puede consultarse SWEIG Julia y Bustamante, Mikael (2013), “Cuba After Communism. The Economic Reforms That Are Transforming the Island”, Foreign Affairs, July/August 2013,pp. 101-115.

15 Cuando el cardenal Ratzinger presidía la Congregación para la Doctrina de la Fe contraria a la Teología de la Liberación el gobierno cubana la apoyaba tras el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, sin embargo ello no impidió que las relaciones de los hermanos Castro con Benedicto XVI fueran cordiales.

16 Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba una misa en un hospital de enfermos de cáncer. Se culpa de su muerte al “escuadrón de la muerte” que dirigía Roberto D’Abuisson, fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernó El Salvador de 1989 a 2009.